La ministra de Defensa asegura que el CNI alertó de movimientos previos a la entrada masiva en Ceuta, mientras Marlaska niega haber recibido informes que anticiparan la crisis
La mentira tiene las patas muy cortas por lo que no puede ir muy lejos. Y cuando la mentira implica a demasiada gente, siempre hay alguno que habla de más y se va de la lengua. Parece que fue lo que le ocurrió a Margarita Robles, ministra de Defensa, al hablar de que se sabía desde el día anterior la invasión a Ceuta, lo cuál dejaría ‘desnudo’ a Marlaska, que se ha apresurado, en coordinación con miembros del partido, en desmentir tajantemente esta acusación. Una acusación lógica, por otro lado, ya que un servicio de inteligencia no puede ser tan inútil de no saber que 80.000 personas se estaban organizando para asaltar un país.
La contradicción resulta especialmente relevante porque hasta ahora el Ejecutivo había defendido que la magnitud de la entrada masiva era imposible de prever. Marlaska volvió a mantener esa versión y fue tajante al afirmar que «no hubo ningún informe ni del CNI ni de ningún centro de un país amigo» que alertara de una operación de esas características. Sin embargo, Robles introdujo un elemento que cambia el relato: según Defensa, los agentes de Inteligencia sí habían compartido información sobre los movimientos que se estaban produciendo.
La ministra de Defensa explicó que el CNI contaba con 25 agentes destinados en Ceuta y que los servicios de Inteligencia habían detectado indicios relacionados con una posible entrada de personas desde Marruecos. Robles sostuvo que esa información fue trasladada a las estructuras correspondientes y defendió que el trabajo de Inteligencia no siempre se materializa en un documento formal, ya que también existen comunicaciones verbales, mensajes y contactos operativos.


Uno de los elementos señalados por Robles se refiere al 29 de julio, un día antes de la entrada masiva. Según su versión, los servicios de Inteligencia habían advertido de movimientos y de una convocatoria relacionada con el cruce hacia Ceuta. La ministra defendió así la actuación del CNI y llegó a lamentar que el Gobierno no hubiera reaccionado con mayor rapidez ante una situación que finalmente desembocó en una crisis fronteriza de enormes dimensiones.
Marlaska niega haber recibido cualquier aviso
La versión de Interior es radicalmente diferente. Marlaska niega que existiera un informe del CNI que anticipara una entrada masiva y sostiene que tampoco recibió información procedente de servicios de Inteligencia extranjeros que permitiera prever la dimensión de lo ocurrido.
El ministro argumenta que, si hubiera existido una advertencia clara sobre una operación de esas características, se habrían adoptado medidas extraordinarias en la frontera. Su posición implica que los cuerpos y organismos bajo su responsabilidad no dispusieron de una información previa que permitiera anticipar la llegada masiva de personas a Ceuta el 30 de julio.
El problema para el Ejecutivo es que las dos versiones no encajan completamente. Robles sostiene que Inteligencia compartió información previa, mientras Marlaska afirma que no existió ningún informe que pudiera servir como alerta. La Delegación del Gobierno en Ceuta también ha negado haber recibido un informe específico que anticipara una avalancha, aunque reconoce que recibía información sobre el incremento de las entradas por vía marítima.
La polémica deja al Gobierno ante una pregunta incómoda
La comparecencia de Robles ha abierto una cuestión política de fondo: si el CNI detectó movimientos antes del 30 de julio, ¿qué información llegó exactamente al Gobierno y qué decisiones se tomaron con ella? Y, en caso de que la información no llegara a Interior, lo cuál se hace imposible, ¿por qué no se produjo una coordinación suficiente entre los organismos responsables de la seguridad de la frontera?
El Partido Popular ya ha reclamado explicaciones y ha planteado incluso la comparecencia conjunta de Robles y Marlaska para determinar cuál de las dos versiones se corresponde con lo ocurrido. La oposición considera especialmente grave que dos ministros del mismo Ejecutivo mantengan posiciones incompatibles sobre una cuestión relacionada con la seguridad nacional y el control de la frontera española.


