El Protocolo de Santa Pola, una agrupación que reúne a 58 entidades hispanistas de doce países, ha remitido una carta al Rey Felipe VI en la que solicita su intervención ante la situación que, a su juicio, atraviesa Ceuta y el conjunto de España. De las 58 entidades, 56 han suscrito la carta.
La organización apela a las funciones constitucionales del monarca como Jefe del Estado y símbolo de la unidad y permanencia de España, así como a su condición de Capitán General de las Fuerzas Armadas. En su escrito expresa su preocupación por la gestión del Gobierno ante la crisis fronteriza con Marruecos y denuncia lo que considera una «quiebra deliberada» de las fronteras españolas.
El Protocolo de Santa Pola sostiene que la situación en Ceuta afecta a la soberanía y a la integridad territorial de España y cita varios artículos de la Constitución y de la Carta de las Naciones Unidas para fundamentar su petición. La agrupación reclama que se garanticen la seguridad, las propiedades y los derechos de los ciudadanos de Ceuta.
La carta también extiende sus críticas al funcionamiento institucional del Gobierno. La organización cuestiona la situación parlamentaria del Ejecutivo y sostiene que debería haberse planteado la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales ante la falta de una mayoría estable y las dificultades para aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.
Finalmente, el Protocolo de Santa Pola pide al Rey que, dentro de sus competencias constitucionales, impulse las medidas que considere necesarias para garantizar el cumplimiento del orden constitucional y la integridad territorial. La agrupación asegura que cualquier actuación de la Corona en defensa de estos principios contaría, según su escrito, con el respaldo de una parte importante de la sociedad española.
La carta es la siguiente:
Quien suscribe la presente, como portavoz del Protocolo de Santa Pola, agrupación de cincuenta y ocho entidades hispanistas de doce países hispanos, tiene el alto honor de dirigirse a Vuestra Majestad con el debido respeto y la más alta consideración que su alta magistratura merece.
Nos vemos en la urgente e ineludible obligación moral y ciudadana de acudir a Vuestra Majestad, invocando las funciones que le confiere el Artículo 56.1 de la Constitución Española como Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, y en su condición de Capitán General de los Ejércitos, conforme al Artículo 62.h de nuestra Carta Magna.
Acudimos ante Vuestra Majestad ante la gravísima situación de vulnerabilidad que padece la ciudad autónoma de Ceuta y el conjunto de la Nación española.
Es motivo de profunda preocupación para la mayoría de las entidades que representamos la conducta de pasividad asumida por el actual Gobierno de la Nación española frente a lo que consideramos una quiebra deliberada de nuestras fronteras en Ceuta. Esta inacción gubernamental choca frontalmente con el mandato imperativo del Artículo 8.1 de la Constitución, el cual encomienda a las Fuerzas Armadas la misión de garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.
Asimismo, la situación transfronteriza actual constituye una violación explícita de los principios más elementales del Derecho Internacional.
Se está conculcando flagrantemente el principio de inviolabilidad de las fronteras estatales y de integridad territorial, consagrado en el Artículo 2, párrafo 4, de la Carta de las Naciones Unidas, así como los compromisos de respeto mutuo derivados del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación aplicable.
A día de hoy, los ciudadanos españoles de Ceuta sufren el quebrantamiento del Artículo 9.1 de nuestra Constitución que sujeta a todos los ciudadanos y poderes públicos al ordenamiento jurídico, encontrándose desamparados y carentes de una respuesta efectiva que defienda de forma real sus libertades, sus propiedades y su seguridad, ante la invasión que están padeciendo en su frontera con Marruecos.
A esta crisis de soberanía se suma una preocupante parálisis institucional que vulnera la normalidad democrática. Nos encontramos ante un Ejecutivo que carece de mayoría parlamentaria estable y que incurre en una flagrante anomalía constitucional al incumplir la obligación anual establecida en el Artículo 134.2 de la Constitución, el cual dicta de forma taxativa que el Gobierno debe presentar los Presupuestos Generales del Estado ante el Congreso de los Diputados al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior.
Entendemos que, ante la imposibilidad manifiesta de dotar a la Nación de las herramientas presupuestarias básicas y de sostener una confianza legislativa regular, se ha desvirtuado el espíritu del sistema parlamentario consagrado en el Artículo 1.3.
El Ejecutivo debió haber activado los mecanismos constitucionales pertinentes para la disolución de las Cortes Generales y la inmediata convocatoria de elecciones, devolviendo la palabra al soberano.-
Por todo ello, apelamos a Vuestra Majestad en su rol de árbitro y moderador del funcionamiento regular de las instituciones y como custodio supremo del pacto constitucional de 1978.
Le peticionamos solemnemente que, dentro del marco de las altas competencias que la Carta Magna le otorga, adopte e impulse las medidas necesarias para exigir el cumplimiento del orden constitucional, garantizando la inviolabilidad del territorio nacional y la restitución plena de los derechos individuales de los españoles en Ceuta.
Deseamos transmitir a Vuestra Majestad que cualquier acción o medida institucional que decida emprender en defensa de la legalidad constitucional y de la soberanía territorial contará con el total, absoluto y firme respaldo de una gran parte del pueblo español, que halla en el Artículo 2 de la Constitución el anclaje fundamental de la unidad e indisolubilidad de la Nación española, siendo la Corona su máxima garantía.
Con la firme esperanza de que esta llamada de auxilio institucional sea atendida por el bien de la Patria, queda de Vuestra Majestad, con el más profundo respeto y lealtad.
