No podemos dejar de hablar del gravísimo accidente de tren que se llevó la vida de 46 personas y que pase al olvide paulatinamente. Y hay que abordar también lo adecuado o no de las privatizaciones. Sobre todo, en cuanto a las relacionadas con los servicios que se prestan a la ciudadanía relacionados con dar respuesta directa a las necesidades de la sociedad. Existen opiniones para todos los gustos, pero suelen destacar los que son contrarios a las privatizaciones. Son opiniones que suelen venir desde tendencias ideológicas pertenecientes a extremos políticos surgidos tras la caída del muro de Berlín. Al ir perdiendo poder y popularidad entre la sociedad buscan recuperarla aun a riesgo de colocarse en el límite de la ley. Buscan cierto protagonismo con el fin de recuperar la importancia que tuvieron en el pasado. Un hecho que ha llevado a mimetizarse con el populismo que se opone a la reducción del intervencionismo del estado. Se oponen a que el estado se vaya construyendo y creciendo con las estructuras del liberalismo.
Consideran que las administraciones centrales, autonómicas o locales son las que debe velar por el conjunto de ciudadanos y por tanto liderar todas las iniciativas que vayan en favor de la calidad de vida de los ciudadanos. Consideran que, al estar en contacto directo con la ciudadanía, son las administraciones del estado las que conocen de primera mano las diversas necesidades.
Por ello, las instituciones públicas son valoradas positivamente, por un sector minoritario de la población, para que se sitúen al frente de las prestaciones a la sociedad. No suelen tener muy en cuenta la diferencia entre el coste, con unas iguales prestaciones, que puede suponer la prestación de servicio de una entidad privada y una pública. Algo de vital importancia ya que dependiendo del precio de ese servicio también dependerá el que paguemos más o menos impuestos. Una variable de las privatizaciones a tener muy en cuenta.
Tras el accidente ferroviario, de una muy notoria gravedad, ocurrido en Adamuz, en la provincia de Córdoba se ha vuelto a abrir el debate sobre las privatizaciones. El accidente tuvo como protagonistas dos trenes. Uno de gestión pública y el otro de gestión privada. Dada la gravedad del siniestro se está poniendo de relieve si la liberalización de un servicio vertebrador, como es el ferroviario, es lo más adecuado tras el siniestro. El debate, en este caso, es más que justificable, ya que las causas del accidente entre otras, están vinculadas a la privatización. En 2005 comenzaron a circular por nuestra red ferroviaria los primeros vagones de viajeros de gestión privada. Se ponía en marcha, por primera vez en la historia de este país, una nueva era del ferrocarril en las que los servicios ferroviarios iban a dejar de ser un monopolio del estado. Los ciudadanos podíamos elegir, en la red ferroviaria, entre el trasporte público y el privado y con ello se abría el mercado de la competencia.
Al haber más operadores también aumentaba el número de viajes hacia los distintos destinos. Mejorábamos la movilidad, lo que suponía un aumento en la actividad y un incremento del empleo. Pero esa liberalización de la actividad ferroviaria tenía deberes que llevar a cabo. El aumento de las frecuencias hacia los diferentes destinos suponía y supone un desgaste más frecuente de los raíles. Un hecho que lógicamente significa que el mantenimiento debe realizarse con una mayor frecuencia y por tanto un mayor coste. Pero no ha sido así. Tras el accidente se han hecho investigaciones que confirman un mal mantenimiento de la red ferroviaria deficitaria. Soldaduras defectuosas y los carriles de vías obsoletos que a duras penas soportan el paso de los trenes.
La fabricación de las vías obedece a una serie de exigencias para soportar el peso que las atraviesa. Pero si no se respeta los márgenes de resistencia de las vías se genera un desgaste acelerado y un riesgo de fractura de dichas vías. Por tanto, los vagones de las empresas públicas cumplían ese requisito de un peso adecuado, lo contrario a los trenes de las empresas de capital privado. Y así las vías estaban ‘fatigadas’. Todo apunta que la privatización parcial de la red no estuvo bien realizada. Se ignoró que al incorporar a las vías vagones cuyo peso estaba muy por encima de lo ‘razonable’ conllevaba los ajustes necesarios para evitar incidencias graves por ese mayor peso. Lo que vamos conociendo que esos ajustes para aumentar la resistencia de las vías no se han ejecutado en su integridad. Un hecho que ha podido ser la causa del accidente antes mencionado. Los estudios y análisis que se están llevando a cabo, para averiguar las causas de los accidentes ferroviarios, nos darán la respuesta.
Todo apunta a que se podía haber evitado. Si se confirma que hubo una negligencia en la gestión ferroviaria, el máximo responsable, el Ministro de transportes Óscar Puente, e incluso el anterior ministro y actualmente en la cárcel acusado por corrupción, J.L. Ábalos, deben responder por ello ante la ciudadanía y la Justicia. Son 46 muertes, cuyos máximos responsables han de responder ante la justicia. Las 46 víctimas mortales y los heridos del accidente tienen derecho a que se les pida perdón y una de las maneras de hacerlo es que sus máximos responsables paguen, con la ley en la mano, sus errores. En este caso, las privatizaciones pueden o no tener alguna responsabilidad en los accidentes. Tal vez algo han tenido algo que ver. Pero lo que está muy claro es no se atendieron las llamadas de atención de los trabajadores ferroviarios, sobre todo de los maquinistas, en relación a un mal mantenimiento de las vías. ‘Crónica de un accidente anunciado’.
