El Ministerio de Transportes, además, suprimió en julio la Unidad de Emergencias, Seguridad y Gestión de Crisis, creada en 2012 para coordinar la prevención de accidentes y la respuesta ante incidencias graves
La investigación sobre el accidente ferroviario en el tramo de alta velocidad Madrid-Sevilla ha puesto el foco en decisiones técnicas adoptadas durante las obras de mantenimiento previas al siniestro. En el tramo comprendido entre Guadalmez y Córdoba, Adif modificó el contrato original de renovación de vía y optó por reutilizar el balasto, el material encargado de absorber vibraciones y asegurar la estabilidad de la infraestructura ferroviaria. Quizás por eso, se encontró una junta rota debido, según expertos, al desgaste.
La decisión se tomó tras las dificultades para garantizar el suministro de balasto nuevo, derivadas del encarecimiento de los carburantes, problemas logísticos y la rescisión de contratos con proveedores. Ante este escenario, la empresa pública optó por cribar y reutilizar el material existente, una práctica que puede aplicarse en determinados contextos, pero que ha generado dudas al tratarse de una de las líneas de alta velocidad más antiguas y transitadas del país.
Trabajadores y usuarios habían advertido en los meses previos de vibraciones anómalas en ese tramo, lo que aumentó la preocupación sobre el estado real del firme ferroviario. Las modificaciones contractuales incluyeron también ajustes por dificultades de acceso a la vía y correcciones técnicas y medioambientales, reflejando los problemas de intervenir una infraestructura en servicio sin interrumpir el tráfico.
En paralelo a estas decisiones técnicas, la estructura institucional de seguridad ferroviaria fue modificada en 2025. En julio, el Ministerio de Transportes suprimió la Unidad de Emergencias, Seguridad y Gestión de Crisis, creada en 2012 para coordinar la prevención de accidentes y la respuesta ante incidencias graves en colaboración con Adif y Renfe, según informaciones publicadas hoy.
Esta unidad fue sustituida por un Observatorio con funciones principalmente analíticas y de elaboración de informes, sin competencias operativas directas. Según fuentes del sector y representantes sindicales, la unidad eliminada desempeñaba un papel clave en la identificación de puntos de riesgo, la coordinación interinstitucional y el seguimiento técnico de incidencias relevantes.
La supresión de este organismo ha generado críticas por el posible debilitamiento de los mecanismos de prevención y control, especialmente en una red ferroviaria compleja y sometida a un uso intensivo. En este contexto, la combinación de decisiones técnicas condicionadas por problemas de suministro y la reducción de estructuras operativas de seguridad plantea interrogantes sobre el marco en el que se produjo el accidente y sobre el modelo de gestión de la seguridad ferroviaria en España.
