A China no le tiembla el pulso a la hora de aplicar sus tradiciones. En este caso, la ejecución por corruptelas. Al directivo financiero se le castigó a pena de muerte en mayo de 2024 por aceptar sobornos y ayer fue ejecutado. Bai Tianhui recibió más de 1.100 millones de yuanes, unos 157 millones de dólares, a cambio de favorecer operaciones y adjudicaciones financieras mientras ocupaba cargos de alta responsabilidad, durante su desempeño como director general de Huarong International Holdings Limited, una importante empresa estatal china de gestión de activos, creada para manejar deuda tóxica tras la crisis asiática. Y China no hace prisioneros. Es una de las mayores operaciones anticorrupción del país en su historia.
Tianhui perdió el recurso en el tribunal superior provincial, la sentencia fue revisada y confirmada en el Tribunal Popular Supremo, en Pekín. Ya solo le quedó despedirse de sus familiares antes de ser ajusticiado en Tianjin, por un procedimiento no revelado. Antes, se le había confiscado la mayor parte de sus bienes para resarcir al estado. Las autoridades chinas defendieron la medida como una señal inequívoca de la firmeza de Pekín en su campaña contra la corrupción en los sectores estatal y financiero. Bai se convierte así en uno de los directivos de mayor rango ejecutados dentro de este proceso, que ya ha alcanzado a dirigentes de grandes conglomerados públicos y entidades bancarias.
Puede que no sea la última ejecución en esta ‘redada. La muerte de Bai Tianhui refuerza el mensaje del Gobierno chino en un momento de creciente presión sobre el sector financiero, afectado por casos de mala gestión, excesos regulatorios y un aumento de la desconfianza pública. Expertos señalan que la campaña continuará intensificándose, especialmente en empresas estatales clave y en directivos con amplias competencias en el manejo de activos públicos. China es el Estado que ejecuta a más personas cada año.
