Los ataques iban dirigidos a organismos públicos, con detenciones paralelas en Madrid, Asturias e Ibiza donde intervinieron equipos informáticos
La Guardia Civil ha detenido a cuatro presuntos cabecillas del grupo hacktivista Anonymous Fénix por su implicación en varios ciberataques dirigidos contra organismos públicos españoles. La operación, desarrollada en distintas fases, supone uno de los mayores golpes recientes contra el activismo digital organizado en el país y una clara advertencia de las fuerzas del orden sobre posibles delitos digitales contra instituciones públicas.
Según fuentes de la investigación, los arrestados ocupaban posiciones clave dentro de la estructura del grupo, actuando como administradores y coordinadores de las acciones informáticas. Las detenciones se practicaron en diferentes puntos del territorio nacional, entre ellos Madrid, Asturias e Ibiza. La investigación se inició tras detectarse un aumento significativo de incidentes coordinados a través de redes sociales y canales de mensajería. Los presuntos responsables utilizaban estas plataformas para difundir consignas, reivindicar ataques y captar colaboradores.
El grupo habría centrado sus ataques en páginas web institucionales, incluyendo ministerios, administraciones autonómicas y otras entidades oficiales. El objetivo principal era bloquear el acceso a los portales mediante técnicas de denegación distribuida de servicio, conocidas como DDoS. Estas acciones consisten en saturar los servidores con un volumen masivo de solicitudes hasta provocar su caída temporal.
En algunos casos, las webs afectadas quedaron inoperativas durante horas, generando interrupciones en la atención digital a los ciudadanos. Los agentes realizaron registros domiciliarios en los que intervinieron equipos informáticos y dispositivos electrónicos que ahora están siendo analizados. Las autoridades no descartan nuevas actuaciones en función del material incautado.
A los detenidos se les atribuyen delitos relacionados con daños informáticos, pertenencia a grupo criminal y posibles vulneraciones de sistemas de seguridad. La causa permanece bajo secreto parcial mientras continúan las diligencias judiciales. Una operación que quiere hacer que cunda el ejemplo sobre los duros castigos en el caso de los ataques cibernéticos contra infraestructuras públicas
