Todos aquellos cargos públicos que se conviertan en cómplices o colaboradores con la corrupción deberían ser castigados severamente
Tiene que ser agotador ser socialista en España en 2026. Imagínate que tu partido tiene a un presidente contaminado por múltiples casos de corrupción a su alrededor, que su suegro se haya lucrado toda la vida con un prostíbulo como la sauna gay Adán, cuando están en contra de la prostitución, que los Ábalos y compañía se hayan gastado una barbaridad de dinero en prostitutas cuando alzan la bandera del feminismo, que un expresidente esté imputado hasta las cejas, que Koldo haya testificado que Zapatero tiene dinero «para que vivan 5.000 generaciones», que tengan varios casos de abusos sexuales entre miembros del partido cuando vinieron a proteger a las mujeres, que hayan tapado una red de prostitución infantil en Baleares de menores tutelados…. Y a pesar de todo, tener que hacer como que no pasa nada, apelar a la presunción de inocencia que negaron a sus contrarios y recurrir a llamar a las evidencias, bulos y desinformación.
Y eso que no hemos nombrado aún lo perpetrado por la ‘sueltavioladores’ Irene Montero, Pablo Iglesias, el que nunca se iba a ir del barrio, o Yolanda Díaz, la comunista de Versace y viajes en primera clase. En fin, cada cuál con su conciencia, pero no deja de ser una especie de ‘show’ macabro, en el que ‘pseudoactores’ se ponen delante de un micrófono, todo el mundo sabe que van a contar mentiras, acaban y se van, continúan en sus cargos, cobrando barbaridades de dinero público, mientras critican al país que les ha permitido todo este delirio. Y aquí no pasa nada, deben ser cosas de la maravillosa democracia y de la libertad para hacer el mal constantemente. Pero son esclavos y los esclavos obedecen.
La otra opción es dimitir, pero no les debe venir bien a ninguno ahora mismo. Estaría bien que pusieran la mano en el fuego por sus amos, pero de manera literal, se les debería achacar un delito de colaboración en materia de corrupción institucional. Aquellos que auxilian o participan en delitos de corrupción (como cohecho o malversación) son castigados como cómplices o cooperadores necesarios, bajo las reglas generales de participación del Código Penal, o delitos de alta traición a la nación. ¿Por qué no se les aplica este marco legal a servidores públicos que defienden o tapen la corrupción? ¿No era igual la ley para todos? ¿O son los mismos ‘rojos’ que se quejan de los beneficios de los ricos, los que juegan con la misma vara de medir?
Y es que pase lo que pase, habrá dirigentes socialistas que nieguen la mayor hasta las últimas consecuencias y esto no debería normalizarse. Desde el Ejecutivo y la dirección socialista insisten en la necesidad de respetar la presunción de inocencia y piden prudencia mientras avanza la investigación judicial. La portavoz del Gobierno, Elma Sáiz, aseguró que el Ejecutivo afronta la situación “desde la tranquilidad, la confianza y el respeto a la Justicia”. Además, defendió que las ayudas concedidas a aerolíneas durante la pandemia siguieron procedimientos “transparentes” y contaron con supervisión europea.
En paralelo, dirigentes socialistas han mostrado respaldo político y personal al exlíder del PSOE. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trasladó a la Ejecutiva socialista que atraviesan “momentos duros” y pidió defender el “buen nombre” de Zapatero. El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, afirmó que no cree que Zapatero “sea un corrupto”, aunque reconoció el impacto interno que la imputación ha provocado en el partido. Algunos sectores del PSOE consideran además que existe una campaña política y mediática contra el entorno socialista. Y luego están los tertulianos activistas, meretrices también, pero más baratos que los políticos.
Desde distintos territorios socialistas también han apelado a la prudencia. Ahora quieren prudencia. El presidente asturiano, Adrián Barbón, recordó que una imputación no implica culpabilidad y pidió esperar al desarrollo judicial del caso. Mientras tanto, la oposición continúa elevando la presión política sobre el Gobierno y el PSOE por la imputación del expresidente. El caso se ha convertido ya en uno de los principales focos de confrontación política nacional de las últimas jornadas.
