El Tribunal de Cuentas señala el uso de 2.389 millones del MRR para pensiones mientras Bruselas y Alemania cuestionan la gestión y exigen explicaciones al Gobierno español
La polémica por la gestión de los fondos europeos en España ha traspasado fronteras y ha generado reacción en Alemania, donde distintas voces políticas y económicas han cuestionado el uso de estos recursos por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. El foco del debate se sitúa en un informe del Tribunal de Cuentas que señala el uso de 2.389,4 millones de euros procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para cubrir gastos relacionados con pensiones.
Según el órgano fiscalizador, estos movimientos se produjeron en un contexto de insuficiencia de crédito presupuestario durante noviembre de 2024, lo que llevó al Ejecutivo a recurrir a partidas sobrantes para atender compromisos considerados ineludibles del sistema de pensiones. El informe anual sobre la Cuenta General del Estado cuestiona la fiabilidad de la gestión presupuestaria en este punto concreto.
Desde el Gobierno se ha defendido que se trata de ajustes técnicos habituales en un escenario de prórroga presupuestaria, sin que exista, según el Ejecutivo, ninguna irregularidad. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha restado importancia a la polémica y ha asegurado que estas operaciones responden a mecanismos normales de reordenación de partidas.
Sin embargo, el debate ha llegado al Parlamento Europeo. El presidente de la Comisión de Control Presupuestario, Andreas Schwab, ha calificado como “absolutamente inaceptable” la utilización de fondos europeos para cubrir desequilibrios del sistema nacional de pensiones. Desde Bruselas se insiste en la necesidad de garantizar una gestión estricta de los recursos comunitarios.
En Alemania, el caso ha tenido especial repercusión mediática y política. El diario Bild ha recogido críticas de representantes europeos que alertan sobre una posible falta de transparencia en el uso de estos fondos. La eurodiputada del Partido Popular, Isabel Benjumea, ha advertido de que la trazabilidad del dinero es actualmente “imposible de seguir” en algunos casos.
«Es un escándalo»
También la Federación Europea de Contribuyentes ha elevado el tono, calificando la situación de “escándalo mayúsculo” y exigiendo explicaciones detalladas, mayor transparencia e incluso la devolución de los fondos. Su presidente, Michael Jäger, ha subrayado que Alemania, como principal contribuyente neto, soporta una parte significativa del coste del programa europeo.
El debate se produce en un contexto en el que España figura entre los principales beneficiarios del fondo europeo, con una asignación inicial de más de 160.000 millones de euros, de los cuales una parte ya ha sido ejecutada. La controversia abre un nuevo frente político y europeo en torno a la gestión de los recursos comunitarios y su destino final.
Mientras tanto, el Gobierno insiste en que no existe desviación irregular y que la ejecución de los fondos se ajusta a los procedimientos establecidos, en un escenario condicionado por la prórroga presupuestaria y las necesidades de gasto del sistema público.
