A 48 horas de su llegada, el protocolo se basará en controles médicos en el barco y el traslado en lanchas hasta tierra firme
La llegada del crucero MV Hondius a Canarias ha obligado al Gobierno español a diseñar uno de los operativos sanitarios más delicados de los últimos años. El barco, afectado por un brote de hantavirus detectado durante una expedición por el Atlántico Sur, no atracará finalmente en puerto y permanecerá fondeado frente a la costa de Tenerife para evitar cualquier contacto con la población canaria.
El procedimiento comenzará en alta mar. Equipos sanitarios especializados subirán primero al barco para evaluar el estado de salud de pasajeros y tripulación. Allí se realizarán controles clínicos básicos, comprobación de síntomas y seguimiento epidemiológico individualizado antes de autorizar cualquier traslado fuera de la embarcación.
Una vez completada esa primera evaluación médica, comenzará la evacuación escalonada mediante lanchas y embarcaciones auxiliares. El objetivo es trasladar a los pasajeros desde el crucero hasta un punto controlado sin necesidad de que el MV Hondius entre directamente en puerto. Las autoridades buscan así minimizar cualquier riesgo operativo y evitar situaciones de tensión social tras la preocupación generada en Canarias durante los últimos días.
El dispositivo contempla circuitos completamente aislados. Los pasajeros serán trasladados en grupos reducidos bajo supervisión sanitaria constante y con medidas de protección reforzadas. Tanto el Ministerio de Sanidad como el Gobierno canario han insistido en que no existirá contacto con ciudadanos ni con trabajadores ajenos al operativo.
Aviones
Tras abandonar el barco, los viajeros pasarán a una segunda fase del protocolo: el traslado aeroportuario. Los pasajeros españoles serán derivados posteriormente en avión hacia Madrid, donde quedarán bajo seguimiento médico en el Hospital Gómez Ulla. Allí deberán cumplir cuarentenas preventivas y someterse a nuevas pruebas diagnósticas mientras se completa la investigación epidemiológica.
El Gobierno también trabaja en un marco jurídico para poder imponer aislamientos obligatorios en caso de negativa por parte de algunos viajeros. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha apelado públicamente a la responsabilidad individual, aunque el Ejecutivo quiere garantizar herramientas legales suficientes para actuar si fuese necesario proteger la salud pública.
Mientras tanto, las autoridades internacionales siguen rastreando a los pasajeros que abandonaron el crucero antes de detectarse oficialmente el brote. La naviera Oceanwide confirmó esta semana que al menos 30 personas de distintas nacionalidades desembarcaron previamente en la isla de Santa Elena, incluyendo el cadáver del primer fallecido relacionado con el caso.
