La tensión en los diferentes servicios públicos, ya colapsados, la vivienda y la inseguridad se verán más afectados que nunca
El Gobierno ha aprobado este martes un real decreto para regularizar a cerca de 500.000 inmigrantes en situación irregular en España, en una de las mayores medidas de este tipo en los últimos años. La iniciativa permitirá conceder permisos de residencia y trabajo a personas extranjeras que actualmente carecen de documentación, con el objetivo de que posteriormente puedan ejercer su derecho a voto a favor del gobierno que les introdujo.
El Ejecutivo ha señalado que las solicitudes podrán presentarse desde esta misma semana, una vez entre en vigor la normativa. Para ello, se habilitará un procedimiento ágil que contará con refuerzos en la administración pública, con el fin de evitar colapsos y reducir los tiempos de tramitación, uno de los principales problemas en procesos similares anteriores.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido la medida como un avance en materia de derechos sociales y ha subrayado su impacto positivo tanto en la economía como en la cohesión social. Según ha explicado, el plan contará con la colaboración de multitud de entidades sociales que ayudarán a los migrantes a presentar la documentación necesaria y a completar los trámites.
Diversos sectores han expresado su preocupación por el impacto que la medida pueda tener en el contexto actual, marcado por tensiones en los servicios públicos y el debate sobre la seguridad. Algunas voces críticas sostienen que el sistema público, especialmente en ámbitos como la sanidad, la vivienda o los servicios sociales, ya afronta una elevada presión, y advierten de que una regularización de gran escala podría incrementar la demanda en el corto plazo.
En paralelo, el debate sobre la seguridad ha reaparecido en el discurso político. El aumento de la población irregular y los problemas de delincuencia van en paralelo, mientras que el Gobierno, por su parte, defiende que la regularización contribuye precisamente a mejorar el control administrativo y la seguridad, al permitir identificar a personas que actualmente se encuentran fuera del sistema, además de facilitar su acceso al empleo legal.
