El grupo Ribera Salud ha despedido al menos a cuatro directivos del Hospital Universitario de Torrejón tras denunciar internamente órdenes del CEO dirigidas a aumentar listas de espera y priorizar pacientes “rentables” sobre otros, con el fin de mejorar resultados económicos. Las denuncias, basadas en audios de una reunión del 25 de octubre, apuntaban a instrucciones claras: rechazar pacientes de bajo rendimiento económico, demorar cirugías que no eran “rentables” y recortar servicios como diálisis cuando no se ajustaran al perfil “cápita”. Poco después de publicarse esos audios, Ribera Salud anunció que su CEO, Pablo Gallart, se apartaba voluntariamente de la gestión del hospital mientras se realizaba una auditoría interna para garantizar la calidad asistencial, la ética profesional y el cumplimiento normativo.
Los despedidos incluyen a altos cargos: la exgerente del hospital y directivos de medicina, enfermería y calidad. En su denuncia sostenían que estas medidas suponen una vulneración de los derechos de los pacientes y una “mala praxis asistencial”. En su defensa, Ribera Salud argumenta que los despidos obedecieron a pérdida de confianza en su gestión y falta de liderazgo, negando que estuvieran motivados por las denuncias. Tras el escándalo, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid convocó una reunión de urgencia con la cúpula del grupo para supervisar en persona la prestación del servicio, y desplazó un equipo multidisciplinar al hospital para comprobar in situ el cumplimiento de los estándares.
La realidad es que en los últimos años la Comunidad de Madrid inyectó decenas de millones de euros al contrato de concesión para sostener la gestión privada del hospital, lo que ha generado críticas sobre su modelo de financiación. Mientras tanto, la auditoría interna de Ribera Salud debe concluir pronto, y la Consejería ha anunciado que, si detecta irregularidades, adoptará todas las actuaciones y controles necesarios para garantizar la equidad en la atención.
