‘Youtubers’ a favor del gobierno como la ‘Gata de Schrödinger’ llegaron a cobrar 32.000 euros por aparecer en el canal
El Gobierno de España, mediante uno de sus organismos, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), dilapidó 450.00 euros de dinero público para poner en marcha un canal de divulgación científica conocido como ‘Science Truck‘, un proyecto que nació con el objetivo de acercar la divulgación científica al público joven mediante el uso de creadores de contenido conocidos en YouTube. La iniciativa buscaba conectar con adolescentes en su propio terreno digital y trasladar la ciencia a las aulas con un formato moderno y atractivo, alineado con las nuevas formas de consumo audiovisual. La idea parecía bonita, pero al final, lo de siempre, un derroche injustificado de dinero público.
Ya sabemos que este gobierno es experto en tirar el dinero de todos y el proyecto murió sin mayor explicación. Los datos económicos y de impacto que deja han reabierto el debate sobre la eficiencia del gasto público. Entre 2018 y 2021, ‘Science Truck’ supuso un desembolso de 446.383,46 euros para la producción de 78 vídeos publicados en un canal propio de YouTube que actualmente ronda los 10.500 suscriptores. El vídeo más visto alcanza aproximadamente 250.000 reproducciones, mientras que el canal permanece inactivo desde octubre de 2021, sin nuevas publicaciones desde hace más de cinco años. Una inversión totalmente inviable y desproporcionada en el ámbito privado para un canal de Youtube.
El desglose de pagos incluye honorarios a divulgadores reconocidos como Rocío Vidal Menacho, conocida como ‘La Gata de Schroedinger’, una habitual en la plataforma que siempre apunta hacia las injusticias científicas, pero que nunca apunta al gobierno socialista. Entre sus declaraciones más controvertidas, destacó cuando en una conferencia, señaló que se debía normalizar el incesto. Más famoso aún es Javier Santaolalla, también siempre muy parcial en sus conclusiones y nada crítico con el gobierno. El tercero en discordia es José Santiago García Cremades. Recibieron los dos primeros cantidades que superan los 30.000 euros. La falta de continuidad del proyecto y el abandono del canal han intensificado las críticas, al trasladar la percepción de una campaña puntual, costosa y sin estrategia a largo plazo. La polémica ya no se centra en si la divulgación científica debe financiarse con fondos públicos, sino en qué retorno obtuvo el contribuyente y por qué una iniciativa de este calibre quedó congelada sin una explicación clara.
