El Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears ha ratificado la extinción de la autorización de residencia de larga duración y expulsión del territorio nacional de un ciudadano senegalés de 56 años por ser considerado una “amenaza real y grave para el orden público” debido a su carácter delictivo reincidente. El senegalés tiene dos condenas por delito de robo con violencia o intimidación cuya pena privativa de libertad es de 2 a 5 años. Asimismo, en estos casos se tiene en cuenta su arraigo familiar y social.
Sin embargo, la sentencia expresa que ya no cuenta con ninguna vinculación con el país, puesto que tuvo arraigo laboral en el pasado, pero que «ya no lo tiene en el presente, pues dejó de cotizar en el 2008«. Según los magistrados, tampoco acredita arraigo familiar ni social y su edad no conlleva desprotección, pues tiene 56 años. Es decir, lleva sin trabajar 18 años, aquí no tiene a nadie y se dedica a robar de forma violenta. Lógicamente, en España no debe estar.
La resolución dictamina que el individuo «representa una amenaza actual real y suficientemente grave para el orden público en los términos que señala la jurisprudencia”, prosigue el tribunal. “Y es que, amén de enumerar numerosos antecedentes policiales y judiciales, remarca la distinta naturaleza de los delitos por los que fue condenado -delitos contra el patrimonio con violencia o intimidación y delito contra la salud pública-, la reiteración de su comportamiento delictivo, el hecho de que únicamente ha cesado en dichas conductas mientras ha estado privado de libertad y el especial reproche que merecen los delitos de robo con fuerza en las cosas y los delitos contra la salud pública, estos últimos dados los efectos devastadores de la criminalidad asociada al tráfico de drogas”, concluyen los juzgadores.
