Nadie de este país debería ser escéptico sobre alguno de los pilares fundamentales de las democracias modernas. Es comprensible que existan ciudadanos a los que, de una u otra manera la democracia les haya defraudado, pero no cabe duda que hasta ahora el sistema democrático es la forma más correcta de organizar a las sociedades. En España uno de esos pilares es la justicia, que cumple con la exigencia más relevante y que no es otra que ser independiente e igual para todos. A pesar de que algunos episodios del ámbito judicial han empañado esa igualdad y, como consecuencia, en un sector de la población se respira desconfianza en los tribunales. Pero a pesar de ello, se puede afirmar que en nuestro país existe una Justicia ciega. Existe un ejemplo reciente y que sin duda sirve para demostrar la calidad de nuestro estamento. Se juzgó y posteriormente hubo la correspondiente condena al yerno del rey emérito.
Es decir, aunque dicha condena es muy discutible, la realidad es que, en un país como España, la justicia camina por un trayecto sin interferencias del resto de los poderes públicos. Este episodio, que forma parte de la historia de este país, es la mejor tarjeta de presentación de un país democrático en el que quien supera la ley, debe hacer frente a la correspondiente factura. Pero nuestro sistema democrático y por tanto nuestra justicia no es perfecta. Y no lo es porque su exquisitez en cuanto a las garantías procedimentales, a veces no es garantía de una justicia plena. Por tanto, la Justicia en España es extraordinariamente garantista. Lo es hasta el punto de que incluso, los tribunales, han dictado en una sentencia que quemar la bandera española, que es más que un tejido coloreado ya que representa a toda la ciudadanía española, no es delito.
El juez con arreglo al código penal ha dictado que la quema de la bandera forma parte del derecho a la libertad de expresión. Aunque, la sentencia es muy discutible y no hay sondeos de opinión sobre este capítulo, me atrevería a decir que la mayoría de los ciudadanos considera la sentencia más que injusta. A pesar de ello, como estamos muy comprometidos con la democracia, nuestro deber es respetar lo que dicta la justicia a través de los jueces. Y de hecho se ha respetado. Lo mismo sucede estos últimos días. Se están poniendo en libertad, sin cumplir las penas, a terroristas sanguinarios como son los miembros de ETA. Lo mismo que ha ocurrido con la sentencia sobre la quema de la bandera, la sociedad española respeta lo que la justicia dicta. En este caso es muy duro ver cómo se pone en libertad a los asesinos, pero la democracia a veces está salpicada de borrones que debemos ir eliminarlos.
Es una urgencia que se mejore la democracia a través de corregir hechos como los descritos ya que se puede establecer en el ambiente lo que señalaba al principio. Existe un sector de la población que es escéptico sobre que «la justicia es igual para todos». De la misma manera ocurre en lo que voy a describir seguidamente. No solo se apuesta por distorsionar la igualdad de los ciudadanos ante la justicia, sino que, además, se busca desactivar la actuación de los tribunales. Siendo todo lo anteriormente descrito como muy preocupante y doloroso, además de incorporar al sector del escepticismo a más ciudadanos, se ha inaugurado otro episodio rechazable protagonizado por un miembro del ejecutivo. La reacción del Ministro de justicia, el señor Bolaños. El ministro Bolaños, pisando la separación de poderes, ha tratado de dirigir la labor de un juez que cumple con su tarea. Está decidido a enturbiar y contaminar la actuación de los tribunales. En resumen, a prostituir la esencia de la independencia judicial.
Un hecho que violenta la democracia y, además, abochorna a los demócratas, sean progresistas o liberales. La democracia, el estado de derecho, en ningún capítulo contempla el derecho del poder ejecutivo a dictar la labor a desarrollar por el poder judicial. Porque si esto se llevaría a cabo estaríamos hablando de un régimen que nada tiene que ver con la democracia. Me estoy refiriendo a lo que recientemente está ocurriendo con la decisión del juez Peinado que, cumpliendo con su trabajo, complica el futuro de la esposa del presidente del gobierno, la señora Begoña Gómez. La decisión del juez ha consistido en que, en un futuro cercano, Gómez tendrá que responder ante la Justicia, como acusada de varios delitos. No voy a detallar los delitos por los que se tiene que sentar en el banquillo de los acusados, pero lo que, sí debo señalar es lo que ha declarado públicamente el ministro Bolaños.
Lejos de desempeñar su labor como notario mayor del reino, se ha colocado como defensor de la acusada Gómez, arremetiendo contra el juez que lleva el caso de la esposa del presidente del gobierno Sánchez.
Ha sido tan alocada su defensa que se ha atrevido a insinuar que el juez Peinado, al citar para ser juzgada a Gómez, estaba prevaricando. Parece que Begoña Gómez, al ser esposa del presidente del gobierno está exenta de que la justicia le pida explicaciones por sus actividades, a pesar que hay indicios claros y muy evidentes que se ha pisado la línea de los límites de la ley. La señora Gómez tendrá que responder sobre algunas causas por las que la justicia tiene indicios fundados de que ha violado a ley. Pero si se confirma o no la acusación, son los tribunales los que decidirán de manera libre. Lo lamentable es que nada más y nada menos que el ministro de justicia de un país democrático cuestione a los profesionales de la justicia. Coloca en la diana de su enfado ideológico a una persona que forma parte de los poderes del estado, descalificándole con la mayor acusación y delito que puede cometer un juez que es la prevaricación.
No es nada edificante que el ministro de justicia trate de desprestigiar a un juez con el objetivo de desacreditar la justicia al más puro estilo totalitario chavista-venezolano. Es lamentable que el ministro Bolaños presione a la presidenta del CGPJ (Consejo General del Poder Judicial), Isabel Perelló. A la señora Perelló, le ha enviado varios mensajes para que tome medidas hacia la labor que lleva realizando el juez Peinado en relación a la esposa del presidente del gobierno. Mensajes que han sido calificados de intolerables con una clara voluntad de presionar para que se sancione al juez Peinado. Además, los mensajes son tildados por el CGPO de miserablemente machistas. Algo que no debería sorprendernos ya que Bolaños compartió mesa en el consejo de ministros con Ábalos, un personaje que se ha caracterizado como público consumidor de prostitución.
Raíces profundas
De este modo, Bolaños hace ‘bullying’ político al presionar al CGPJ para que desacredite al juez Peinado. La señora Gómez tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones que el resto de los ciudadanos. Si coloca su auto en doble fila se la sanciona de igual manera que a mi amiga que dejó en doble fila. Si la señora Gómez se encuentra delante de mi amiga para adquirir en taquilla una entrada de cine no va a pretender ponerse por delante de ella en la fila si Gómez llegó antes. El señor Bolaños ha cometido un gran error tratando de defender, de la forma que lo hace, la inocencia de la señora Gómez. Si la señora Gómez no ha cometido ningún delito, la reacción del señor ministro no es la más recomendable como defensa de su inocencia. Al contrario.
Además, no creo que esta defensa furibunda que se viene haciendo de la esposa del presidente del gobierno sea algo muy positivo. La celebración del juicio con jurado en la que está acusada, en base a esta defensa patética, puede que influya en todos y cada uno de los miembros del jurado. El desenlace de este lamentable capítulo es muy posible que resolverá numerosos problemas en los que nos ha venido arrastrando el gobierno socialista desde hace más de siete años. En definitiva, la democracia superará esta gran crisis en la que está sumergida porque cuando las raíces son profundas es casi imposible que el tronco muera.
