El presidente firma una orden ejecutiva para gravar todas las importaciones y desafía el límite impuesto por la Corte Suprema a su política comercial
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes en la Oficina Oval una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% a todas las importaciones que ingresen al país, apenas horas después de que la Corte Suprema de Estados Unidos bloqueara buena parte de su anterior estrategia comercial. La medida representa una rápida reacción del mandatario ante el revés judicial y abre un nuevo frente en la tensión entre el poder Ejecutivo y el Judicial.
El fallo del Supremo, adoptado por mayoría, determinó que varios de los gravámenes amplios establecidos previamente excedían la autoridad presidencial al no contar con una autorización explícita del Congreso de Estados Unidos. Los magistrados consideraron que la Constitución reserva al Legislativo la potestad principal de fijar impuestos y regular el comercio exterior, limitando así el margen de maniobra de la Casa Blanca en materia arancelaria en tiempos que no sean de emergencia formal.
Lejos de moderar su postura, Trump, en un estado algo alterado, defendió la nueva orden como una herramienta legal alternativa para proteger la industria nacional y reducir el déficit comercial. A través de su plataforma Truth Social, calificó la decisión judicial como “equivocada” y aseguró que el arancel del 10% entrará en vigor de manera inmediata. Según fuentes de la Casa Blanca, la disposición se ampara en una cláusula distinta de la Ley de Comercio de 1974 que permite aplicar tarifas temporales bajo determinadas circunstancias.
Economistas y analistas comerciales advierten que la nueva medida podría generar volatilidad en los mercados y tensiones con socios estratégicos de Washington, además de posibles incrementos de precios para consumidores y empresas estadounidenses. Al mismo tiempo, expertos legales anticipan que la orden ejecutiva podría enfrentar nuevas impugnaciones en los tribunales, prolongando la batalla judicial sobre los límites del poder presidencial en política comercial y marcando un nuevo capítulo en el debate institucional en Estados Unidos.
