El objetivo de las diligencias es determinar si existió alguna conexión entre el rescate financiero recibido por Tubos Reunidos y determinadas operaciones bajo sospecha
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha registrado este jueves las instalaciones de la empresa Tubos Reunidos en el País Vasco, concretamente en sus sedes de Amurrio (Álava) y Bilbao, en el marco de una investigación dirigida por la Audiencia Nacional. Paralelamente, los agentes han requerido documentación a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), organismo público que participó en el rescate de la compañía durante la pandemia.
La actuación se enmarca en una pieza secreta del “caso Leire”, una investigación judicial que analiza una presunta trama de intermediación irregular en la concesión y gestión de ayudas públicas a empresas estratégicas. Según las pesquisas, el objetivo de las diligencias es determinar si existió alguna conexión entre el rescate financiero recibido por Tubos Reunidos y determinadas operaciones bajo sospecha.
Tubos Reunidos fue una de las compañías beneficiadas por el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la SEPI, a través del cual recibió 112,8 millones de euros en 2021. Este apoyo público se concedió en el contexto de la crisis provocada por la pandemia de COVID-19, con el objetivo de garantizar la continuidad de empresas consideradas estratégicas.
La investigación apunta ahora a posibles irregularidades en la intermediación de estas ayudas, así como a reuniones mantenidas entre distintos actores vinculados al caso y responsables de la compañía. Además, los investigadores analizan el papel de ex altos cargos públicos y empresarios en la gestión de estas operaciones financieras.
En paralelo a la investigación judicial, Tubos Reunidos atraviesa una situación económica delicada. La compañía ha presentado concurso voluntario de acreedores tras registrar pérdidas significativas y una elevada presión de deuda, que supera los 260 millones de euros según los últimos datos disponibles. Parte de esta deuda está vinculada a préstamos concedidos por la propia SEPI.
El grupo industrial, especializado en la fabricación de tubos de acero, ha afrontado en los últimos años tensiones de tesorería, conflictos laborales y problemas de competitividad, agravados por factores como la caída de la actividad industrial y el impacto de los aranceles internacionales. Estas circunstancias han llevado a la empresa a solicitar protección judicial para intentar garantizar su viabilidad.
Por el momento, la UCO no ha informado de resultados concretos de los registros ni de la documentación intervenida. La causa continúa bajo secreto de sumario y forma parte de una investigación más amplia sobre la gestión de fondos públicos y posibles redes de intermediación en la adjudicación de ayudas estatales.
