En sintonía con los sindicatos CCOO y UGT, el nuevo plan del Ministerio de Trabajo incluye otras reformas como la ley de democracia en las empresas y el registro del horario telemático
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha situado entre sus principales objetivos legislativos para 2026 una reforma para endurecer el despido improcedente y reducir el peso de Cepyme en el diálogo social, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa. Así lo recoge el Plan Anual Normativo del Gobierno, donde el Ministerio de Trabajo plantea una intensa agenda de cambios laborales.
La reforma del despido busca elevar las indemnizaciones actuales, fijadas en 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades. Trabajo considera que el actual sistema no cumple con una función “disuasoria y compensatoria”, en línea con las advertencias realizadas a España desde instancias europeas, generalmente poco satisfactorias para el país.
La medida responde también a una reivindicación histórica de los sindicatos CCOO y UGT, que llevan meses preparando propuestas para endurecer las condiciones del despido y dificultar los ceses empresariales. La CEOE, sin embargo, rechaza negociar una subida de las indemnizaciones y mantiene un choque frontal con el departamento de Yolanda Díaz.
Otro de los puntos clave del plan de Trabajo es una nueva ley para modificar la representatividad empresarial en el diálogo social. El objetivo sería dar más presencia a pequeñas y medianas patronales y reducir la influencia de Cepyme dentro de las negociaciones laborales nacionales. Las Pymes, ya de por sí arrinconadas, pueden verse más maltratadas.
Fuentes empresariales interpretan esta maniobra como un intento de Yolanda Díaz de abrir espacio a organizaciones como Pimec, la patronal catalana, considerada una de las pocas aliadas del Ministerio de Trabajo dentro del ámbito empresarial.
Dificultad de implementación
El plan legislativo del Gobierno incluye además otras reformas como la ley de democracia en las empresas, cambios en prevención de riesgos laborales y el desarrollo del registro horario telemático y digital. También figura un decreto para impedir que las empresas absorban las subidas del salario mínimo mediante complementos salariales.
Pese a la ambición de las medidas, el Ejecutivo afronta importantes dificultades parlamentarias para sacar adelante parte de estas reformas. La fragmentación del Congreso y la oposición de patronales y partidos de la oposición amenazan con complicar la tramitación de varias iniciativas impulsadas por el Ministerio de Trabajo.
