La toma de la Puerta del Sol por parte del Sindicato de Inquilinas no es una protesta ciudadana espontánea; es la escenificación de un chantaje ideológico diseñado para encubrir la mayor debacle del mercado inmobiliario en la historia democrática reciente de España. Tras años de políticas populistas, intervención de precios y desprotección flagrante de la propiedad privada, el Gobierno de Pedro Sánchez ha destruido el mercado de la vivienda y ha entregado la calle a sus colectivos afines para culpar a los pequeños propietarios y ahorradores de su monumental fracaso.
Los datos de la gestión de Pedro Sánchez son tan contundentes como demoledores. En materia de compraventa, el precio de la vivienda libre se ha disparado más de un 35% acumulado desde su llegada al poder, alcanzando máximos históricos que expulsan sistemáticamente a los jóvenes y a las clases medias del acceso a una propiedad. El mercado del alquiler presenta un escenario aún más dramático: las rentas han experimentado un incremento descontrolado cercano al 40% a nivel nacional, superando el 50% en grandes capitales como Madrid o Barcelona. Frente a esta escalada, la construcción de Vivienda de Protección Oficial (VPO) ha tocado mínimos absolutos, situándose en cifras residuales que apenas cubren un 10% del déficit habitacional real del país. La sonada promesa electoral de construir 184.000 viviendas públicas se ha quedado en mero papel mojado y propaganda institucional.
La aprobación de nefastas normas del Ejecutivo ha dinamitado la oferta disponible. Lejos de bajar los precios, la inseguridad jurídica ha provocado la retirada masiva de casi un 30% del stock de inmuebles destinados al alquiler permanente. Decenas de miles de propietarios han preferido retirar sus viviendas del mercado, pasarse al alquiler de temporada o dejar los inmuebles vacíos ante el riesgo cierto de impagos e incautaciones amparadas por la administración. Mientras la oferta se hunde y la demanda se multiplica, la okupación ilegal y la ‘inquiokupación’ han aumentado más de un 40% bajo el mandato socialista, transformando el problema de la vivienda en una auténtica lacra social y legal.
Sobre este desastre social y económico se erige la acampada en la Puerta del Sol. Disfrazados de ‘defensores del pueblo’ e instrumentalizando mediáticamente el denominado «caso Maricarmen», el Sindicato de Inquilinas actúa como el brazo de choque de la izquierda radical. Pretenden imponer por la fuerza el ‘Decreto Maricarmen’ para paralizar los lanzamientos judiciales y congelar rentas, al tiempo que sus estructuras orbitales son regadas de forma directa e indirecta con jugosas subvenciones públicas en nombre de la inclusión social y el asociacionismo.
Vandalismo y amenazas
El ambiente en la acampada dista mucho del pacifismo publicitado por sus promotores: las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han incautado machetes, navajas y objetos punzantes en los accesos a la plaza, mientras los actos de vandalismo contra el patrimonio público y las amenazas a las autoridades autonómicas se suceden con impunidad, destrozando el tejido comercial del centro de Madrid.
En definitiva, la crisis habitacional en España no es hija del libre mercado ni del ‘rentismo insaciable’, sino del intervencionismo destructivo de un Ejecutivo acorralado. El desabastecimiento, la miseria y el desorden social que hoy se adueñan de la Puerta del Sol responden a una máxima histórica que los españoles vuelven a sufrir en sus carnes: tiempo de rojos, tiempo de hambre y piojos.
