El juez Pedraz, sin embargo, descarta de momento imputar al partido como pide el PP y reclama a Santos Cerdán para declarar
La Fiscalía Anticorrupción aprecia indicios de posibles delitos vinculados al PSOE en el denominado caso Leire Díez, que investiga una presunta trama destinada a interferir en procedimientos judiciales que afectaban al partido y al Gobierno de Pedro Sánchez. Sin embargo, el Ministerio Público considera prematuro atribuir formalmente al PSOE responsabilidad penal como persona jurídica mientras queden diligencias relevantes por practicar.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decidido no imputar al PSOE por el momento, al considerar que todavía no existe una base probatoria suficiente para dar ese paso. La resolución judicial coincide con la posición de Anticorrupción, que había advertido de la necesidad de completar la investigación antes de determinar si procede citar al partido en calidad de investigado.
La decisión llega después de que el Partido Popular, que ejerce la acusación popular en esta causa, solicitara investigar penalmente a la formación socialista por su presunta responsabilidad en los hechos. La petición se fundamenta en la hipótesis de que se habrían utilizado recursos y fondos vinculados al partido para financiar actuaciones destinadas a perjudicar investigaciones judiciales que afectaban a dirigentes socialistas y al Ejecutivo.
Santos Cerdán, una declaración clave para la investigación
Una de las principales diligencias pendientes es la declaración de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE y antiguo número tres de la formación. Los investigadores sitúan al exdirigente socialista en una posición central dentro de la presunta trama, que habría estado coordinada por la exmilitante socialista Leire Díez.
La investigación trata de esclarecer si Cerdán habría utilizado su posición dentro de la organización para facilitar recursos, contactos y medios materiales a las personas implicadas. Entre las cuestiones que deben aclararse figura si determinados pagos a Díez y a otros integrantes del entorno investigado fueron ordenados o gestionados directamente por el exsecretario de Organización y si salieron de cuentas del PSOE.
El juez considera necesario concretar esa relación antes de decidir si los hechos pueden atribuirse penalmente al partido como organización. La eventual responsabilidad de una persona jurídica exige analizar algo más que la conducta individual de sus dirigentes o empleados: debe determinarse si concurren los requisitos legales para responsabilizar penalmente a la propia formación.
Los pagos bajo sospecha y el papel de Leire Díez
El procedimiento investiga presuntas maniobras dirigidas a obtener información sensible y a interferir en actuaciones judiciales que podían perjudicar al PSOE o al Gobierno. Según las hipótesis recogidas en la causa, la red habría intentado influir en funcionarios y otras personas relacionadas con investigaciones judiciales, además de recabar información sobre jueces, fiscales y agentes de la Guardia Civil.
Los investigadores sospechan que parte de las actuaciones se habría financiado mediante pagos canalizados a través de intermediarios y contrataciones de servicios profesionales. En este contexto, se examinan abonos a despachos de abogados y otros gastos que podrían haber servido para cubrir económicamente las actividades investigadas.
Entre las cantidades señaladas en las diligencias figuran 43.225 euros que Leire Díez habría recibido presuntamente del PSOE a través de intermediarios, según la información publicada sobre el procedimiento. La investigación también examina otros pagos y contratos cuya finalidad y justificación deben esclarecerse. Estas cantidades forman parte de las sospechas judiciales y no constituyen, por sí mismas, una prueba definitiva de financiación delictiva.
El caso también analiza si se emplearon facturas, contratos u otros documentos para dar apariencia de legalidad a determinados desembolsos. La investigación debe determinar quién autorizó los pagos, qué servicios se contrataron realmente y si existió una conexión entre esos gastos y las presuntas maniobras para interferir en causas judiciales.
El PP reclama investigar al PSOE como persona jurídica
El Partido Popular solicitó que el PSOE fuera citado como investigado por su posible responsabilidad en los hechos. La acusación popular sostiene que la formación habría sufragado gastos relacionados con la presunta trama y reclama que se examinen posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y financiación ilegal, además de la posible malversación vinculada a las conductas investigadas.
La petición también plantea que los recursos de la organización podrían haberse utilizado para proteger los intereses del partido frente a procedimientos judiciales que afectaban a sus dirigentes o al Gobierno. Estas afirmaciones forman parte de la tesis de la acusación y deberán contrastarse con las pruebas que se incorporen a la causa.
Anticorrupción, por su parte, considera que existen indicios que justifican seguir investigando la posible implicación del PSOE, pero entiende que todavía deben aclararse aspectos esenciales. El Ministerio Público no ha descartado una futura imputación, sino que considera que no debe adoptarse antes de completar las diligencias pendientes.
¿Qué puede ocurrir ahora?
El procedimiento continuará con las actuaciones necesarias para esclarecer el origen y el destino de los fondos, la intervención de los responsables del partido y el posible funcionamiento de los mecanismos internos de control. La declaración de Cerdán y el análisis de la documentación económica y contractual serán elementos relevantes para determinar si existen pruebas suficientes contra la organización.
La decisión adoptada por Pedraz no supone el archivo de la investigación ni exculpa definitivamente al PSOE. Significa que, por ahora, el magistrado considera que no se ha acreditado una base probatoria suficiente para atribuir al partido la condición de persona jurídica investigada en esta causa.
El siguiente paso dependerá de los resultados de las diligencias pendientes y de la valoración judicial de los indicios. Si la investigación permite establecer una conexión objetiva entre los presuntos delitos, los pagos examinados y la estructura del partido, el juez podrá volver a valorar la petición de imputación.
