La convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre no constituye únicamente el desenlace anticipado de una legislatura políticamente agotada. Representa también una oportunidad para reflexionar sobre el deterioro de nuestra cultura institucional y sobre la preocupante incapacidad de la política española para construir consensos duraderos en torno a los grandes desafíos nacionales. Porque, más allá de quién resulte vencedor en las urnas, existe una cuestión que debería preocuparnos a todos: España necesita recuperar el sentido de Estado.
La legislatura que ahora concluye deja un balance contradictorio. Nuestro país ha experimentado un crecimiento económico significativo y ha alcanzado cifras históricas de ocupación, pero estos avances han convivido con una creciente dificultad para acceder a la vivienda, importantes desequilibrios estructurales y una evidente fragilidad parlamentaria. La incapacidad del Ejecutivo para presentar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado durante toda la legislatura constituye, probablemente, uno de los síntomas más elocuentes de esa debilidad. No se trata de una mera cuestión contable, sino de la imposibilidad de articular un proyecto político respaldado por una mayoría suficiente para llevarlo adelante.
El reciente rechazo parlamentario de dos decretos relacionados con la vivienda terminó precipitando el adelanto electoral. Sin embargo, sería un error interpretar este episodio como un acontecimiento aislado. Lo sucedido refleja una dinámica política en la que la negociación ha terminado subordinada al cálculo partidista y donde los acuerdos parecen responder, con demasiada frecuencia, a necesidades coyunturales antes que a una verdadera voluntad de gobernabilidad.
Conviene recordar que la democracia parlamentaria no exige unanimidad, pero sí responsabilidad. Gobernar implica negociar, asumir compromisos y reconocer los límites de la propia representación. Una mayoría de investidura no garantiza por sí sola la estabilidad de una legislatura, del mismo modo que la legitimidad democrática no exime a ningún Gobierno de rendir cuentas sobre su capacidad efectiva para desarrollar un programa político.
La fortaleza de una nación no debe medirse exclusivamente por sus indicadores económicos ni por la duración de sus gobiernos, sino también por la solidez de sus instituciones, el respeto al Estado de derecho y la previsibilidad de sus decisiones. La seguridad jurídica, la estabilidad presupuestaria y la confianza institucional no son abstracciones reservadas a los especialistas. Constituyen condiciones indispensables para atraer inversiones, favorecer la actividad empresarial, generar empleo de calidad y garantizar la continuidad de los servicios públicos.
España necesita abordar reformas que trascienden cualquier ciclo electoral. La baja productividad relativa de nuestra economía, las dificultades de emancipación de los jóvenes, la sostenibilidad del sistema de pensiones y la necesidad de modernizar las administraciones públicas requieren algo más que declaraciones de intenciones. Exigen diagnósticos rigurosos, propuestas económicamente viables y una disposición real a asumir decisiones que quizá no produzcan beneficios electorales inmediatos.
También resulta imprescindible recuperar una concepción responsable de nuestro modelo territorial. La pluralidad institucional española, lejos de constituir necesariamente un obstáculo, puede representar una fortaleza cuando se fundamenta en la cooperación, la lealtad y el respeto competencial. Quienes defendemos el autogobierno debemos comprender que este no puede desvincularse de la responsabilidad sobre sus resultados. Del mismo modo, quienes reivindican la unidad nacional deberían entender que la cohesión de España no exige uniformidad, sino instituciones capaces de garantizar un proyecto compartido.
Ahora bien, tampoco sería razonable depositar todas las expectativas de regeneración política en un simple relevo gubernamental. La alternancia constituye una manifestación saludable de cualquier democracia, pero no garantiza automáticamente una mejora en la calidad de sus instituciones. Un nuevo Ejecutivo que reprodujera las mismas prácticas de confrontación, improvisación y dependencia del interés partidista terminaría agravando los problemas que hoy denuncia.
Reformas prioritarias
Por ello, las próximas elecciones deberían convertirse en una oportunidad para elevar el nivel del debate público. Los españoles merecen conocer no solamente qué partidos aspiran a gobernar, sino qué reformas consideran prioritarias, cómo pretenden financiarlas y qué compromisos están dispuestos a asumir para asegurar la estabilidad del país. La política no puede continuar reducida a una sucesión de estrategias de comunicación, enfrentamientos personales y promesas cuya viabilidad rara vez se somete a un examen serio.
España dispone de una sociedad dinámica, empresas competitivas, profesionales cualificados y una posición estratégica privilegiada dentro de Europa. Nuestro principal desafío no consiste en inventar un país nuevo, sino en aprovechar adecuadamente las fortalezas del que ya tenemos. Para ello, necesitamos instituciones respetadas, administraciones eficaces y dirigentes capaces de comprender que el poder político constituye una responsabilidad temporal, nunca un patrimonio personal.
El próximo 29 de noviembre los ciudadanos decidirán la composición de las nuevas Cortes Generales. Pero el verdadero examen comenzará después, cuando quienes reciban su confianza deban demostrar que son capaces de transformar las promesas electorales en decisiones responsables.
Porque España no necesita simplemente sustituir a unos gobernantes por otros. Necesita recuperar una forma de entender la política en la que el interés general prevalezca sobre la supervivencia partidista, la responsabilidad sobre el oportunismo y la vocación de servicio sobre la ambición personal.
La alternancia puede cambiar un Gobierno. Solo el sentido de Estado puede mejorar un país.
