El presidente salvadoreño estudia excarcelaciones anticipadas y condicionales tras detener a más de 90.000 personas desde 2022
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha anunciado un plan que podría permitir la salida anticipada de prisión de cerca del 50 % de los reclusos acusados de colaborar con las pandillas. La propuesta supone un cambio significativo en la estrategia de seguridad que ha marcado su mandato y que se ha convertido en una referencia internacional por la reducción de los homicidios y el debilitamiento de las maras.
El anuncio se produjo el 13 de octubre de 2026. Bukele explicó que su Gobierno estudia conceder libertad anticipada y condicional a determinados presos cuya participación en las estructuras criminales habría sido limitada. Los beneficiarios seguirían siendo considerados culpables y quedarían sometidos a mecanismos de supervisión, según explicó el mandatario. Por el momento, no se ha concretado cuándo comenzaría el proceso ni cuáles serán los criterios definitivos de selección.
La iniciativa afecta a una política que comenzó en marzo de 2022, cuando el Gobierno salvadoreño declaró el régimen de excepción tras una escalada de asesinatos atribuida a las pandillas. Desde entonces, las autoridades han detenido a más de 90.000 personas acusadas de pertenecer a las maras o colaborar con ellas.
El Ejecutivo defiende que la ofensiva ha transformado la seguridad del país. El Salvador cerró 2025 con 82 homicidios, según las cifras oficiales, muy por debajo de los niveles registrados durante la década anterior. Bukele sostiene que la intervención permitió recuperar territorios donde las pandillas ejercían un fuerte control sobre la población.
Sin embargo, la operación también ha recibido críticas por las condiciones de las detenciones y las garantías judiciales. Organizaciones de derechos humanos denuncian arrestos arbitrarios, malos tratos, muertes bajo custodia y dificultades para acceder a una defensa legal efectiva. El Gobierno ha reconocido que miles de detenidos han sido liberados después de revisar sus casos.
Bukele distingue ahora entre los distintos grados de colaboración
El presidente ha defendido que no todos los detenidos desempeñaron el mismo papel dentro de las estructuras criminales. Durante su intervención, diferenció entre quienes ejercían la violencia directamente y quienes alertaban a las pandillas de la presencia policial o colaboraban bajo la presión de vivir en territorios controlados por ellas.
«No es lo mismo ser parte de los que aplicaban ese yugo a la población o simplemente sobrevivir dentro de esa realidad», sostuvo el mandatario, al justificar la revisión individual de los casos.
El anuncio ha provocado nuevas críticas de organizaciones de derechos humanos, que consideran que la revisión debe servir también para identificar a personas detenidas injustamente. Los críticos cuestionan que el Ejecutivo presente a todos los posibles beneficiarios como culpables, cuando la responsabilidad penal debe determinarse mediante procedimientos judiciales con garantías.
El régimen de excepción seguirá vigente
Pese a la posible liberación de una parte de los presos, Bukele no ha anunciado el final del régimen de excepción. El presidente sostiene que todavía quedan estructuras criminales activas y compara la estrategia de seguridad con un tratamiento médico que no debe interrumpirse antes de tiempo.
La propuesta abre así una nueva fase en la política salvadoreña: mantener la presión contra las pandillas, pero diferenciar entre los distintos niveles de participación. El reto será determinar si las excarcelaciones permiten corregir posibles injusticias sin poner en riesgo los avances en seguridad.
El debate sobre el modelo de Bukele sigue abierto. Sus resultados en la reducción de los homicidios contrastan con las denuncias sobre derechos fundamentales y garantías procesales. La aplicación de este plan será una prueba decisiva para comprobar si El Salvador puede mantener la seguridad y, al mismo tiempo, reforzar la justicia y la protección de los inocentes.
