La Ertzaintza investiga dos posibles escondites de armas y explosivos y analiza dispositivos electrónicos con información sensible sobre agentes policiales
Los dos jóvenes detenidos el pasado sábado en dependencias de la Ertzaintza en Irún (Guipúzcoa), acusados de un presunto delito de terrorismo, habrían tenido acceso a dos posibles zulos con armas y explosivos y señalado como objetivo a un miembro de la Guardia Civil destinado en el País Vasco, según fuentes próximas a la investigación citadas por THE OBJECTIVE. Los arrestados, identificados como Aratz B., de 34 años, y Malen G., de 20, estarían vinculados a Jardun, un grupo disidente de la izquierda abertzale que reivindica el legado de ETA.
Ambos permanecen bajo custodia policial a la espera de pasar previsiblemente a disposición de la Audiencia Nacional. Un tercer sospechoso, Naoise C., de origen irlandés y relacionado presuntamente con el IRA Provisional, permanece en paradero desconocido. La investigación trata de esclarecer el alcance de los preparativos, la procedencia de los posibles arsenales y la información que los sospechosos habrían recopilado sobre miembros de las fuerzas de seguridad.
Los tres individuos fueron identificados el pasado 26 de septiembre durante un control de alcoholemia en Escoriaza (Guipúzcoa). Según la información difundida por el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, los agentes detectaron que los sospechosos contaban con antecedentes relevantes y llevaban una base de datos con información sensible sobre fuerzas y cuerpos de seguridad en el País Vasco.
También disponían de una localización GPS que podría conducir a un escondite de armas situado en una zona montañosa. Pese a estos indicios, los tres hombres no fueron detenidos en aquel momento. La Ertzaintza no comunicó públicamente los hechos hasta el pasado sábado, cuando los dos sospechosos vascos se presentaron en la comisaría de Irún acompañados de un abogado y fueron arrestados.
La Oficina Central de Inteligencia de la policía autonómica asumió las pesquisas y reforzó las medidas de protección de sus agentes. Según las informaciones publicadas, la actuación también ha generado preocupación por la falta de comunicación con la Policía Nacional y la Guardia Civil, que no habrían recibido una alerta previa sobre el caso.
Un guardia civil, entre los objetivos de la investigación
Las pesquisas apuntan a que la documentación intervenida contendría datos especialmente sensibles sobre un agente de la Guardia Civil destinado en un acuartelamiento del País Vasco. Según las fuentes citadas por THE OBJECTIVE, la dirección del agente aparecía subrayada en la documentación analizada por los investigadores.
Los sospechosos también dispondrían de información sobre agentes de la Ertzaintza en Tolosa y miembros de la Policía Nacional destinados en Guipúzcoa. Los investigadores han intervenido varios dispositivos USB, algunos de los cuales todavía no habrían podido desencriptar, por lo que el contenido completo del material sigue pendiente de análisis.
La existencia de esta información constituye uno de los principales elementos de la investigación, que trata de determinar si los datos estaban relacionados con una posible planificación de acciones violentas o respondían a otras finalidades. Por el momento, las sospechas deben interpretarse dentro de la investigación judicial y no como hechos probados.
La Ertzaintza busca dos posibles zulos de armas y explosivos
Los agentes no investigan únicamente un posible escondite de armas, sino dos presuntos zulos en los que podrían almacenarse armas y explosivos. Las hipótesis policiales apuntan a que estos refugios podrían corresponder a antiguos escondites utilizados por ETA y que parte del material no habría sido recuperado tras el desarme de la organización terrorista.
La Ertzaintza considera que, si existiera ese arsenal, podría tratarse de una cantidad limitada de material deteriorado por el paso del tiempo. En las últimas semanas, los investigadores han realizado búsquedas en zonas montañosas con perros adiestrados para detectar explosivos, aunque hasta el momento no habrían localizado los escondites.
La posible existencia de armas procedentes de antiguos arsenales de ETA es una de las líneas de investigación, pero no se ha confirmado públicamente que los zulos hayan sido localizados ni que su contenido haya sido recuperado.
Vínculos con Jardun y un sospechoso relacionado con el IRA
La investigación vincula a los dos detenidos con Jardun, un grupo de disidentes de la izquierda abertzale que reivindica el pasado de ETA. La organización, sin embargo, ha negado que los arrestados mantengan relación con su coordinadora y ha denunciado lo que considera una campaña de criminalización. También ha expresado su solidaridad con las familias de los detenidos.
El tercer sospechoso, de origen irlandés, estaría relacionado con el IRA Provisional, según las informaciones publicadas. Las autoridades francesas habrían detectado sus desplazamientos periódicos al País Vasco, mientras que su paradero actual continúa siendo desconocido.
Los dos jóvenes vascos también habrían sido identificados anteriormente por realizar pintadas y colocar pancartas. Además, según las fuentes citadas en las informaciones periodísticas, figuraban en sistemas policiales europeos.
No obstante, fuentes de la investigación sostienen que los sospechosos estarían lejos de disponer de la capacidad y la infraestructura necesarias para perpetrar una acción terrorista. La investigación deberá determinar el alcance real de sus actividades y la existencia de posibles planes violentos.
Preocupación entre las fuerzas de seguridad
El caso ha generado inquietud entre miembros de la Ertzaintza, la Guardia Civil y la Policía Nacional, especialmente por la presunta recopilación de información sobre agentes y por la falta de comunicación previa entre cuerpos policiales.
La detención se produce cuando se cumplen quince años del anuncio del cese definitivo de la actividad armada de ETA, comunicado el 20 de octubre de 2011. El caso ha reabierto el debate sobre la vigilancia de grupos que reivindican el legado de la organización terrorista y sobre la coordinación entre las distintas fuerzas de seguridad.
Por ahora, las autoridades continúan analizando la documentación y los dispositivos intervenidos, mientras buscan los posibles escondites de armas. La existencia de los zulos, el alcance de los presuntos planes y la responsabilidad penal de los detenidos deberán esclarecerse durante la investigación judicial.
A este hecho, hay que sumar las cartas amenazantes que han llegado a varios hogares de personas, a priori, objetivos de la banda terrorista. Incluso, han llegado a acompañar esas amenazas con balas en su interior.
