La operación investiga el presunto reparto de armas blancas y aerosoles de gas pimienta a inmigrantes durante la entrada masiva de finales de julio
La Guardia Civil ha registrado este jueves dos instalaciones vinculadas a No Name Kitchen en Ceuta y ha detenido al menos a tres personas en una operación relacionada con el presunto suministro de armas blancas y aerosoles de gas pimienta a inmigrantes que entraron irregularmente en la ciudad autónoma los días 30 y 31 de julio. La intervención, adelantada por El Pueblo de Ceuta, ha comenzado poco después de las seis de la mañana y ha movilizado a efectivos de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS).
Los registros se han desarrollado en una nave próxima a la Almadraba, junto a la subida hacia la avenida Reyes Católicos, y en otra instalación situada en el polígono del Tarajal. Las actuaciones cuentan con autorización judicial y buscan esclarecer quién pudo participar en la distribución del material durante la crisis fronteriza del verano.
Por el momento, no se ha confirmado oficialmente la identidad de los detenidos ni su pertenencia a No Name Kitchen. Tampoco han trascendido los delitos concretos que se les atribuyen ni se ha informado de forma oficial sobre posibles materiales intervenidos durante los registros.
Una investigación sobre el presunto reparto de armas y gas pimienta
Los agentes han acordonado los accesos a los inmuebles antes de iniciar las inspecciones, en las que ha participado personal judicial. Según la información publicada por El Pueblo de Ceuta y recogida por The Objective, los investigadores tratan de determinar si personas vinculadas a la organización facilitaron armas blancas y aerosoles de defensa personal a inmigrantes llegados a Ceuta durante las jornadas del 30 y 31 de julio.
La operación se produce después de que un juzgado de Ceuta admitiera a trámite en septiembre una querella presentada por Hazte Oír para investigar el posible suministro, fabricación o distribución de artefactos capaces de provocar deflagraciones o liberar gases. Entre las organizaciones mencionadas en las informaciones relacionadas con aquella querella figuraba No Name Kitchen.
La admisión a trámite de una querella no implica que los hechos denunciados estén probados. Tampoco se ha confirmado que los registros de este jueves formen parte de ese mismo procedimiento judicial, por lo que será necesario conocer las diligencias para establecer si existe una conexión entre ambas actuaciones.
Los antecedentes policiales de la ONG durante la crisis de Ceuta
No Name Kitchen ya estuvo en el centro de una controversia policial el pasado agosto, cuando dos de sus voluntarios, de nacionalidades canadiense y alemana, fueron detenidos en Ceuta.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sostuvo que los arrestados presuntamente habían alentado respuestas violentas contra los agentes y desobedecido sus instrucciones. La organización rechazó esa versión y defendió que sus voluntarios habían sido detenidos mientras documentaban una intervención policial.
Durante aquellas semanas también circularon acusaciones sobre la supuesta distribución de gas pimienta y la adquisición de materiales para fabricar artefactos caseros. El coordinador de No Name Kitchen, Ric Fernández, negó que la entidad hubiera comprado o repartido aerosoles de defensa personal.
La Policía Nacional comunicó entonces a medios de verificación que no disponía de información oficial que acreditara esas acusaciones. La operación de este jueves supone un nuevo episodio policial relacionado con la organización, pero sus resultados deberán determinarse a partir de las pruebas y las actuaciones judiciales.
Las relaciones de No Name Kitchen con otras organizaciones
No Name Kitchen ha colaborado con distintas entidades humanitarias que desarrollan actividades en Ceuta. Entre ellas figuran Elín, Coordinadora de Barrios, Cruz Blanca y Mujeres en Zona de Conflicto, con las que ha coordinado iniciativas de reparto de alimentos, ropa y otros recursos destinados a inmigrantes.
La ONG también ha participado en iniciativas internacionales de denuncia de las políticas fronterizas junto a organizaciones como Novact e Irídia. Asimismo, formó parte de Border Violence Monitoring Network, una red europea dedicada a documentar actuaciones en las fronteras.
La existencia de estas colaboraciones no constituye, por sí misma, prueba de implicación en los hechos investigados. No hay información que permita atribuir a las organizaciones colaboradoras responsabilidad alguna en el presunto reparto de armas que centra la operación de la Guardia Civil.
La investigación deberá aclarar quiénes son los arrestados, qué relación mantienen con las instalaciones registradas y si existen pruebas que acrediten la distribución de armas blancas o aerosoles de gas pimienta durante la crisis migratoria de julio.
