El Consejo de Ministros aprobará este martes un real decreto de ayudas para los afectados por la tragedia ferroviaria
El Gobierno de Pedro Sánchez afronta una de las semanas más complicadas desde el accidente ferroviario de Urda (Toledo). La tragedia, que se ha saldado provisionalmente con 69 fallecidos, continúa centrando la atención política y ha situado al ministro de Transportes, Óscar Puente, bajo una creciente presión para ofrecer explicaciones sobre lo sucedido y aclarar las posibles responsabilidades.
El próximo martes 3 de noviembre, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar un real decreto con el primer paquete de ayudas económicas para las víctimas y sus familiares. Durante la misma reunión, el Ejecutivo recibirá un informe de Óscar Puente sobre el accidente y las actuaciones realizadas desde que se produjo el siniestro. El propio ministro comparecerá posteriormente en rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa para explicar las medidas previstas y los datos disponibles sobre la investigación.
La jornada tendrá además un segundo momento de especial relevancia política. Puente comparecerá a las 17.00 horas ante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, donde deberá informar sobre el accidente ferroviario y responder a las preguntas de los representantes parlamentarios. La comparecencia se produce después de las peticiones formuladas por diferentes formaciones políticas, entre ellas Sumar, ERC y Podemos.
Las ayudas económicas para las víctimas de Urda
Uno de los principales asuntos que abordará el Consejo de Ministros será la aprobación de las indemnizaciones para los familiares de los fallecidos y los heridos. El Gobierno pretende articular estas ayudas mediante un real decreto, siguiendo el procedimiento utilizado tras otras grandes tragedias.
En el caso de los fallecidos, el Seguro Obligatorio de Viajeros contempla una indemnización de algo más de 72.000 euros por víctima. A esta cantidad podrían sumarse otros anticipos e indemnizaciones, como ocurrió después del accidente ferroviario de Adamuz, cuando el Ejecutivo aprobó un paquete de ayudas que permitió elevar la compensación total por fallecimiento hasta aproximadamente 210.000 euros.
Para los heridos, las cantidades dependerán de la gravedad de las lesiones. En el precedente de Adamuz, las indemnizaciones contemplaban importes desde los 2.400 euros hasta más de 84.000 euros, además de los anticipos correspondientes. Todavía está pendiente conocer el alcance económico definitivo del paquete que aprobará el Gobierno para los afectados por el accidente de Urda.
Óscar Puente, ante la presión política por el accidente
La comparecencia parlamentaria del ministro se producirá en un contexto de creciente presión política sobre el Ministerio de Transportes. La oposición reclama explicaciones sobre las circunstancias que rodearon el accidente, los protocolos de seguridad y las decisiones adoptadas durante los momentos previos a la colisión.
El ministro ha descartado públicamente presentar su dimisión y ha defendido la necesidad de esclarecer las causas del siniestro antes de establecer responsabilidades. También ha anunciado que trabaja en una batería de medidas destinadas a reducir la posibilidad de nuevos fallos técnicos y recuperar la confianza de los ciudadanos en el sistema ferroviario.
Por su parte, Pedro Sánchez ha reconocido que la confianza de la sociedad en la red ferroviaria está quebrada tras los accidentes de Adamuz, ocurrido en enero, y Urda. El PP también ha reclamado explicaciones al presidente del Gobierno y considera insuficiente que sea únicamente el titular de Transportes quien dé cuenta de la tragedia.
