Los juzgados de la ciudad autónoma de Ceuta han abierto una investigación formal en torno a seis denuncias por presuntas agresiones sexuales sufridas por personas de origen migrante. Estos hechos delictivos se registraron inmediatamente después de la entrada masiva de miles de personas ocurrida a través de la frontera el pasado 30 de julio. La Delegación del Gobierno ha confirmado la apertura de las diligencias, cuya investigación preferente corre a cargo de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional.
La alarma social e institucional se ha intensificado notablemente tras conocerse el estado físico y psicológico de las víctimas. Fuentes del Hospital Universitario de Ceuta (HUCE) confirmaron que, además de las causas judicializadas, los servicios médicos han atendido de urgencia a al menos cuatro menores de edad con cuadros clínicos compatibles con agresiones de carácter sexual. Es decir, que sus propios compatriotas se aprovecharon de la situación de desamparo y fragilidad de los más débiles para perpetrar las agresiones sexuales.
Incluso, el personal del propio centro hospitalario ha alertado de que la cifra real de víctimas podría ser superior, debido a que muchas jóvenes se encuentran en estado de shock y omiten denunciar por miedo o vulnerabilidad extrema. Diversas organizaciones no gubernamentales sobre el terreno, entre ellas Save the Children, han denunciado públicamente el escenario de «riesgo extremo» e indefensión que encaran las niñas y adolescentes que permanecen fuera del sistema oficial de acogida.
El drástico cambio en el perfil demográfico de los migrantes llegados —con una mayor presencia de menores de muy corta edad y niñas— ha desbordado por completo la capacidad física de los centros locales. Mientras tanto, el Ministerio de Igualdad ha ofrecido su total colaboración para tratar de proveer entornos seguros y asistencia psicológica inmediata.
Hasta la fecha, las autoridades policiales no han comunicado detenciones directas vinculadas estrechamente a los seis casos principales bajo el foco judicial. No obstante, los primeros informes de la investigación apuntan a que los presuntos agresores podrían ser individuos que también formaron parte del mismo flujo fronterizo y que habrían cometido los abusos en zonas como los montes cercanos antes de su estabilización urbana. Ante el colapso humanitario y el temor a que la seguridad local empeore, el Ministerio del Interior mantiene el despliegue de refuerzos de agentes antidisturbios en las calles de la ciudad.
