España mantenía una de las tasas de mortalidad ferroviaria más bajas de Europa hasta que llegó 2026, con tres accidentes seguidos :Adamuz, Gelida y Toledo
«Es casi imposible que vuelva a ocurrir un accidente de estas características», dijo Óscar Puente después de la tragedia de Adamuz. Pues ha ocurrido. Durante años, España ha presumido de contar con una de las redes ferroviarias más seguras de Europa, un sistema de alta velocidad que se presentaba como referente internacional y que permitía viajar entre las principales ciudades con una siniestralidad relativamente baja.
Japón también se ha consolidado históricamente como una referencia mundial en seguridad ferroviaria. Sin embargo, 2026 está poniendo a prueba esa imagen de fiabilidad en España, con una sucesión de accidentes mortales que ha devuelto las infraestructuras, el mantenimiento y los sistemas de seguridad al primer plano de la actualidad. Los datos anteriores a esta cadena de siniestros respaldaban, al menos en parte, esa reputación. En febrero de 2026, un análisis de la accidentalidad ferroviaria europea situaba a España con una tasa de accidentes un 37 % inferior a la media de la Unión Europea y una tasa de mortalidad un 83 % menor. El país ocupaba el sexto puesto europeo con menor mortalidad ferroviaria, según los datos analizados.
El primer gran golpe llegó el 18 de enero, en Adamuz (Córdoba). El descarrilamiento de un tren de Iryo y la posterior colisión con un Alvia de Renfe causaron 46 muertos y más de 150 heridos. Apenas dos días después, el 20 de enero, otro accidente en Gelida (Barcelona), provocado por la caída de un muro sobre las vías, acabó con la vida de un maquinista y dejó decenas de heridos. La sucesión de ambos siniestros abrió un debate sobre el estado de las infraestructuras, las labores de mantenimiento y la capacidad de respuesta del sistema ferroviario.
Nueve meses después, el 28 de octubre, la tragedia ha vuelto a golpear en la provincia de Toledo. Un tren AVE de Renfe ha colisionado con un convoy de Iryo en el corredor Madrid-Sevilla, con un balance provisional que ha alcanzado al menos 64 fallecidos y decenas de heridos, según las informaciones difundidas durante la tarde. El accidente se ha producido en el mismo corredor ferroviario en el que tuvo lugar el siniestro de Adamuz, aunque todavía es necesario esclarecer las causas concretas de ambos sucesos.
Óscar Puente, bajo presión
Los tres accidentes se han producido durante el mandato de Óscar Puente como ministro de Transportes, una coincidencia política que sitúa su gestión bajo un intenso escrutinio. Tras los siniestros de enero, el ministro defendió las inversiones realizadas en la red ferroviaria y se comprometió a esclarecer lo ocurrido. Ahora, el accidente de Toledo vuelve a plantear preguntas sobre los sistemas de seguridad, la conservación de las infraestructuras y los protocolos de circulación.
En su primera explicación sobre el siniestro de Toledo, Puente apuntó a una incidencia informática que habría provocado la caída del sistema de seguridad LZB y a una posterior autorización para reanudar la marcha de un tren. Según su relato, el centro de control tuvo tiempo para detectar el problema. La investigación deberá determinar qué falló, quién tomó las decisiones y si se cumplieron los protocolos establecidos. Por el momento, no es posible atribuir los accidentes a una única causa ni establecer una relación entre ellos sin los resultados de las investigaciones técnicas.
Una reputación que ya no basta
La cuestión de fondo es cómo puede un país con una red de alta velocidad considerada segura encadenar en un mismo año varios accidentes ferroviarios con víctimas mortales, incluidos dos siniestros de enorme gravedad en apenas nueve meses. La comparación con Japón, cuyo ferrocarril de pasajeros mantiene un historial de seguridad extraordinario, evidencia la importancia de no dar por garantizada la fiabilidad de un sistema por sus buenos resultados históricos.
La sucesión de tragedias de 2026 ha quebrado la imagen de tranquilidad que acompañaba al ferrocarril español y obliga a revisar las garantías que ofrece a los viajeros. La prioridad ahora es esclarecer lo ocurrido, atender a las víctimas y establecer responsabilidades si las investigaciones detectan negligencias o incumplimientos. Pero la pregunta política ya está sobre la mesa: ¿qué está fallando en la red ferroviaria española y qué medidas concretas se van a adoptar para evitar que vuelva a ocurrir?
