El Tribunal Supremo ha condenado al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos al considerar probado que difundió información protegida relacionada con el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. La sentencia establece que el máximo responsable del Ministerio Público quebrantó un “reforzado deber de reserva” que le obligaba a preservar la confidencialidad de documentos internos.
Según el fallo, García Ortiz difundió una nota informativa y un correo electrónico que formaba parte de las comunicaciones entre la defensa de González Amador y la Fiscalía de Madrid. Los magistrados concluyen que la difusión carecía de justificación institucional y que la actuación del fiscal general provocó un daño reputacional a la persona afectada. La condena contempla dos años de inhabilitación para ejercer funciones de fiscal, una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros a González Amador por daños morales. La sentencia, de carácter firme, implica su salida inmediata del cargo.
El tribunal adoptó la decisión por una mayoría de cinco magistrados frente a dos, cuyas autores firmaron un voto particular en el que expresan dudas sobre que la filtración pudiera atribuirse con certeza a García Ortiz. No obstante, la mayoría sostiene que la trazabilidad del documento y el uso institucional de la información comprometida acreditan la responsabilidad penal del fiscal general.
El fallo ha generado un fuerte impacto político y jurídico, al tratarse de la primera condena penal contra un fiscal general del Estado en ejercicio. Distintas asociaciones de fiscales han reclamado una reforma urgente de los mecanismos de rendición de cuentas para altos cargos del Ministerio Público.
