El sindicato de bomberos gallego reclama además «mejoras salariales, mayor seguridad laboral y la consolidación de un servicio formado que opere durante todo el año«
Este verano, gran parte de España ardía en numerosos incendios. Frente al fuego, los de siempre, bomberos y guardias forestales, dispuestos a jugarse el tipo ante columnas de llamas que harían tambalear a cualquier ciudadano que no esté acostumbrado. Un trabajo reservado para valientes, que siempre que pintan bastos, son los encargados de sofocar los incendios, pero siempre son menospreciados por las instituciones en cuanto a sus condiciones laborales y económicas. Ahora ha ocurrido en Galicia, donde ayer se produjo una manifestación de bomberos forestales concidiendo con la suspensión de contratos de cerca de mil trabajadores del Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais (SPIF). Frente al edificio administrativo de la Xunta de Galicia en San Caetano reclamaron mejoras laborales y exigen un servicio de extinción y prevención de incendios totalmente público y profesional.
En la concentración, convocada por la Confederación Intersindical Galega (CIG), los manifestantes solo piden lo mínimo, menos incluso de lo que merece un trabajo tan necesario y que pocos pueden llevar a cabo: mejoras salariales, mayor seguridad laboral y la consolidación de un servicio formado que opere durante todo el año. También sostienen un hecho clave; muchos de los que toman decisiones sobre los incendios no conocen el terreno. Podrán ser ingenieros o burócratas pero no saben cómo funciona el fuego, por eso reclaman no estar sometidos a poderes de ‘despacho’ ni a políticos que quieren sacar rédito editorial hasta debajo de las piedras. A su vez, las condiciones respecto al pasado han cambiado. «Antes las olas de incendios se repetían cada cinco años; ahora vemos que ocurren con menor intervalo y con mayor intensidad», comentó Xulio Saiáns, bombero forestal y delegado de la CIG.
El sindicato destaca la necesidad de un servicio público esencial en multiemergencias que, además de prevenir y apagar incendios forestales, contribuya a la restauración y contención de los daños ecológicos y sanitarios que afectan a las comarcas devastadas. «Tras la ola de incendios, los presupuestos aumentan para la externalización de funciones sin que un solo euro se destine a mejorar las condiciones o la seguridad del propio personal», concluyó CIG-Autonómica
