La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido el tercer grado concedido por el Gobierno vasco al etarra Asier Arzalluz Goñi, condenado en 2024 por el asesinato del colaborador de El Mundo, José Luis López de Lacalle. El tribunal también le atribuyó la responsabilidad en las muertes del funcionario de prisiones Máximo Casado y de dos guardias civiles fallecidos en un atentado con coche bomba en Sallent de Gállego (Huesca).
El recurso, firmado por el fiscal coordinador de Vigilancia Penitenciaria, Carlos García Berro, considera prematura la progresión al tercer grado, ya que el penado no extinguirá sus condenas hasta 2030. El Ministerio Público recuerda que la ley permite adaptar el segundo grado —régimen ordinario de cumplimiento en prisión—, pero subraya que su eficacia debe evaluarse tras un uso sostenido y siempre vinculado a un programa de tratamiento individualizado.
En su escrito, la Fiscalía destaca que la doctrina penitenciaria exige periodos prolongados de observación para constatar resultados reales y una evolución consolidada. Cita además la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que reclama consistencia temporal en los avances tratamentales y advierte de que cambios recientes o evaluados en plazos breves no cumplen el criterio de prudencia exigido en delitos de especial gravedad.
Aunque el recurso reconoce como elementos favorables la petición de perdón a las víctimas y la aceptación de la responsabilidad por los hechos y el daño causado por ETA, entiende que estas circunstancias no compensan el resto de factores que aconsejan mantener el régimen ordinario. La decisión llega después de que el Ejecutivo vasco haya aplicado un régimen similar a Garikoitz Aspiazu Rubina, conocido como ‘Txeroki‘, caso sobre el que la Fiscalía aún no se ha pronunciado formalmente.
