La Unidad Central Operativa (UCO) está realizando un trabajo intenso y, sobre todo, impecable. Los ciudadanos debemos ser conscientes que vivimos en un estado de derecho donde los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado actúan con arreglo a la legalidad de origen democrático. Policía y guardia civil en su labor de investigación no utiliza la ‘patada en la puerta’ para desarrollar sus tareas. Solo obedecen y atienden al estado de derecho. En estas difíciles tareas que llevan desarrollando policía y guardia civil es muy posible que, desde la creación de la UCO, es cuando más actividad ha tenido. Es muy probable que la historia de la UCU esté inaugurando un nuevo episodio de una labor tan potente que está siendo de un calado social muy relevante. Sobre todo, en el plano de las investigaciones que se están llevando a cabo alrededor del gobierno de la nación, del partido que lo sustenta y lo más novedoso, del entorno de la familia del presidente del gobierno.
Varias dotaciones de la UCO trabajan, por orden judicial, registrando dependencias de los ministerios de la Hacienda Pública, Transición Ecológica y de las empresas públicas como SEPI. Una empresa que se creó en 1996 como holding de participaciones de empresas públicas, que abarcan a día de hoy unas 16 entidades. La SEPI dirigida desde 2017 por Belén Gualda, afín al PSOE, ha expresado su preocupación por el registro de la UCO en sus instalaciones. Teme que alguien de su personal pueda ser detenido. A SEPI se la investiga por tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y organización criminal. Un rosario de delitos que coloca a su presidenta y a quien la nombró, que en este caso la responsable es la Ministra de Hacienda, Montero, en una difícil situación para seguir en sus respectivos cargos. También se sospechan de varias empresas también de titularidad pública como MERCASA, SEPIDES y ENUSA.
Aunque la intervención abarca también aerolíneas como PLUS ULTRA, que solo tiene un avión en propiedad, y que obtuvo una ayuda prestada por la empresa pública SEPI, de 53 millones de euros. De los cuales 34 millones en prestamos participativo y 19 en préstamos ordinarios. La cantidad de la ayuda, 53 millones de euros, no encaja en cuanto a la capacidad de dicha compañía a pesar que se consideró a la compañía como estratégica. Una calificación más que desproporcionada. Dicha compañía, fundada por los empresarios Julio Martínez y Fernando González, tenía en España una cuota de mercado de solo un 0,01%. Un porcentaje que para nada justifica la cuantiosa ayuda. Solo existen motivos que van más allá de los estrictamente empresariales y que deberían ser explicados de manera clara y extensa. Con un añadido, el dinero concedido a la aerolínea la emplearon para pagar deudas que tenía la compañía en vez de utilizar los recursos públicos para cubrir sus necesidades. Los préstamos concedidos no se emplearon conforme a la solicitud. Se desviaron los fondos a necesidades que no eran objeto del préstamo. Además, hay algo muy llamativo. Antes de recibir la ayuda los dueños de la compañía se repartieron jugosos dividendos. Se calcula un reparto de unos 35 millones de euros. Aligeraron los fondos de la caja fuerte de la compañía para presentar, ante la administración pública, que se trata de una empresa sin recursos para llevar adelante el proyecto empresarial.
Trabajadores inocentes afectados
También, la UCO se ha presentado para registrar la empresa vinculada al que fuera secretario de organización, Santos Cerdán, SERVINAMAR. La guardia civil está recopilando documentación en todas las citadas sedes en busca de documentos que tengan vinculaciones con la trama criminal liderada por varios miembros socialistas. Es realmente preocupante que los domicilios de los ministerios señalados se encuentren en el centro de la sospecha debido a que pueda haber documentación de carácter delictivo. Lo cual hace que dichos ministerios y sus titulares a la cabeza estén desprestigiando a todos los funcionarios que trabajan en dichas dependencias. Son personas que con grandes esfuerzos han logrado aprobar una oposición para que personajes indeseables se lleven por delante una extraordinaria labor de servicio al ciudadano.
Los presuntos delitos cometidos por personal ajenas a la plantilla funcionarial salpican la profesionalidad de sus trabajadores. Los presuntos delincuentes han actuado de una manera tan miserable que han colocado en una situación incómoda al personal de los citados ministerios igual, que al de las empresas. Se les ha salpicado de ‘barro’ y de corrupción. Salpicaduras que deben limpiarse respondiendo ante la Justicia los que han manchado el prestigio de los trabajadores. Las cuestionadas gestiones que las titulares de dichos ministerios, M.J. Montero y la que fuera ministra de transición ecológica, Teresa Ribera, actual Vicepresidenta de la Comisión Europea, manchan también el nombre de España. Nunca la democracia española ha atravesado una crisis como la actual. La UCO está mostrando lo más oscuro de un gobierno que desde que lo está liderando el social-comunismo, el nivel de calidad democrática está cayendo por un terraplén muy empinado.
Como se puede observar, existe una organización criminal, como así ha sido también denominada por la justicia, en los aledaños gubernamentales. Una organización que está sirviendo para detraer recursos públicos de manera presuntamente ilegal. Sin dejar en el tintero los episodios de contratación de prostitutas en empresas públicas saltándose todos los procedimientos legales para que dichas personas formen parte de las plantillas de las citadas empresas. Todo ello con el sospechoso conocimiento e incluso facilitando los presuntos delitos por parte de destacados miembros del PSOE y del gobierno de la nación. Solo nos queda el deseo de que todo esto finalice colocando a cada uno en el sitio que deben estar.
