Cuatro directores de centros de menores de Canarias, de La Fundación Respuesta Social Siglo XXI, la encargada de gestionar centros de menores extranjeros no acompañados en las islas de Gran Canaria y Lanzarote, han sido imputados por un presunto desvío de más de 2,4 millones de euros procedentes de fondos europeos ‘Next Generation’, destinados a la acogida de menores migrantes. La investigación, bautizada como ‘Operación Tabaiba, se inició tras detectarse movimientos bancarios sospechosos vinculados a la fundación encargada de gestionar varios centros en Gran Canaria y Lanzarote.
Según los informes policiales, parte de los fondos habrían sido utilizados para gastos personales, como tratamientos estéticos, viajes, comidas o compras ajenas a la gestión de los centros. Además, se descubrió un entramado de alquileres inflados mediante empresas interpuestas, lo que habría permitido desviar grandes sumas bajo apariencia de pagos legales. Los centros afectados se ubican en distintas localidades de la isla, y en ellos se alojaban decenas de menores extranjeros no acompañados. La investigación apunta también a un empresario que habría participado en el esquema de sobrecostes inmobiliarios y a la propia fundación gestora.
La Fiscalía imputa delitos de malversación, falsedad documental, administración desleal y blanqueo de capitales. Los implicados ya han prestado declaración ante el juzgado, mientras se continúa analizando el destino final del dinero. El Gobierno de Canarias ha asegurado que esperará a la resolución judicial antes de tomar medidas contractuales, aunque ha ordenado una auditoría interna sobre la gestión de los fondos. La causa sigue abierta y no se descartan nuevas imputaciones en las próximas semanas. Una nueva mancha que añadir a la polémica existente sobre este tipo de centros.
