Las políticas de gestión del agua de ambos países siguen caminos diferentes en un contexto de sequías cada vez más frecuentes y mayor presión sobre los recursos hídricos
Mientras Marruecos acelera la construcción de nuevas infraestructuras para garantizar el abastecimiento de agua, España mantiene una política que incluye el derribo de presas y azudes obsoletos, especialmente aquellas estructuras sin uso o que presentan problemas de seguridad o impacto ambiental. La comparación entre ambos modelos demuestra la inefable gestión de los recursos hídricos en España por las sequías cada vez más frecuentes.
El Gobierno marroquí ha anunciado que en los últimos años ha construido ocho nuevas grandes presas, que se suman a las 156 ya existentes en el país. Además, otras 14 infraestructuras se encuentran actualmente en construcción y tres más comenzarán sus obras durante este año. El objetivo es alcanzar 42 nuevas grandes presas antes de 2050, reforzando así la capacidad de almacenamiento de agua para consumo humano, agricultura, industria y producción energética.
Tras siete años de sequía, Marruecos ha mejorado notablemente su situación gracias a las abundantes lluvias registradas durante el invierno y la primavera. Según el ministro de Equipamiento y Agua, Nizar Baraka, las reservas actuales permiten garantizar entre dos y cinco años de suministro de agua potable y de riego.
Pese a ello, el Ejecutivo marroquí no ha relajado su estrategia. Mantendrá este verano restricciones al consumo, como el uso obligatorio de aguas regeneradas para regar campos de golf y zonas verdes, limitaciones a los lavaderos de coches, reducción de la presión en las redes de abastecimiento y restricciones para los tradicionales ‘hammams’. También se mantienen controles sobre cultivos con una elevada demanda hídrica, como el aguacate o la sandía.
Además de las presas, Marruecos impulsa un plan basado en plantas desalinizadoras, interconexiones entre cuencas —conocidas como «autopistas del agua»— y sistemas de inteligencia artificial para detectar fugas en las redes de distribución.
Falta de mantenimiento
En paralelo, España ha seguido durante los últimos años una política de demolición de presas y azudes que han quedado fuera de servicio, una estrategia impulsada principalmente por motivos ambientales y de restauración fluvial. Estas actuaciones buscan recuperar el cauce natural de los ríos, facilitar la migración de peces y eliminar obstáculos considerados obsoletos o inseguros.
La mayor parte de las infraestructuras eliminadas son pequeños azudes y presas en desuso que no han sido correctamente mantenidas incomprensiblemente. No obstante, estas demoliciones han generado un intenso debate político y social en la sociedad, especialmente tras los recientes episodios de sequía, con sectores que reclaman aumentar la capacidad de almacenamiento de agua mediante nuevas infraestructuras o la modernización de las existentes.
España sigue contando con más de 1.200 grandes presas, una de las redes de embalses más extensas de Europa, aunque en la actualidad la prioridad de la administración socialista se centra en la modernización de infraestructuras, la mejora de la eficiencia del regadío, la reutilización de aguas depuradas y el incremento de la desalación en las zonas más afectadas por la escasez de recursos hídricos.
Las diferentes estrategias reflejan dos formas de afrontar un mismo desafío. Mientras Marruecos apuesta por incrementar su capacidad de almacenamiento mediante nuevas presas, España combina la conservación de sus grandes embalses con la eliminación de infraestructuras sin utilidad y un mayor peso de soluciones como la desalación, la reutilización del agua y la restauración de los ecosistemas fluviales.
