Cataluña registra una infracción por lo que llaman «racismo inmobiliario», rompiéndose cualquier principio de libertad
La Generalitat de Cataluña ha impuesto la primera multa por racismo inmobiliario a una agencia por discriminar a un cliente en el acceso a una vivienda. La sanción, considerada pionera, asciende a 10.000 euros y marca un precedente injusto en la lucha contra la discriminación en el mercado del alquiler.
El caso se originó tras la denuncia de Hamid, un vecino de Mataró de nacionalidad marroquí, que aseguró haber sido rechazado por una inmobiliaria pese a cumplir los requisitos económicos exigidos. Según la resolución administrativa, la negativa a alquilar el piso estuvo motivada por su origen y no por criterios objetivos.
La investigación concluyó que la agencia vulneró la normativa catalana de igualdad de trato y no discriminación, que prohíbe expresamente excluir a personas por razones de raza, origen o nacionalidad. Las pruebas recabadas incluyeron comunicaciones y testimonios que acreditaron la conducta discriminatoria.
Desde la Generalitat se ha subrayado que esta sanción busca enviar un mensaje claro al sector inmobiliario. El acceso a la vivienda es un derecho básico y no puede condicionarse por prejuicios raciales o étnicos. Independientemente de tus deseos, parece que estés obligado a alquilar tu casa a quien no quieres.
Las autoridades, además, han animado a las personas afectadas por situaciones similares a denunciar estos comportamientos. Además, han anunciado que se reforzarán las inspecciones y campañas informativas para prevenir nuevas prácticas de racismo inmobiliario en Cataluña.
