Hay decisiones políticas que pueden analizarse únicamente desde el presente y otras que obligan, inevitablemente, a mirar hacia atrás. La aprobación en el Congreso de los Diputados de la proposición de ley destinada a facilitar el acceso a la nacionalidad española de los saharauis nacidos bajo administración española pertenece claramente al segundo grupo.
El Congreso ha dado esta semana un paso que llega tarde, pero que resulta difícil no interpretar como un acto de reparación. España administró el Sáhara Occidental durante décadas y su salida del territorio dejó detrás una relación histórica, humana y jurídica que medio siglo después continúa condicionando nuestro presente.
La proposición aprobada establece una vía de concesión de la nacionalidad española por carta de naturaleza para quienes nacieron en el Sáhara Occidental bajo administración española y contempla también a sus descendientes en los términos previstos por la norma. El texto salió adelante con 168 votos favorables, 31 contrarios y 145 abstenciones y continuará ahora su tramitación en el Senado.
Más allá de las cifras parlamentarias, la cuestión de fondo es mucho más profunda: ¿qué responsabilidad conserva España respecto de quienes estuvieron directamente vinculados a nuestro país y quedaron atrapados en un proceso de descolonización todavía inconcluso?
A mi juicio, bastante más de la que durante décadas hemos querido reconocer.
No se trata de sostener que la España de 2026 deba responder indefinidamente por todas las decisiones adoptadas hace medio siglo. Tampoco de utilizar el pasado colonial como argumento para justificar cualquier medida política presente. Se trata de algo mucho más sencillo: reconocer que existe una relación histórica excepcional y que esa excepcionalidad merece una respuesta jurídica excepcional.
El Sáhara Occidental no es para España un territorio extranjero cualquiera.
Durante la presencia española se generaron vínculos administrativos y documentales con su población. Precisamente por eso resulta comprensible que quienes nacieron bajo aquella administración hayan reclamado durante décadas un tratamiento diferente al que recibe cualquier otro extranjero que solicita adquirir la nacionalidad española.
La norma intenta responder a esa singularidad mediante la carta de naturaleza y establece mecanismos para acreditar la vinculación correspondiente. No estamos, por tanto, ante una nacionalización indiscriminada de toda persona que se identifique como saharaui, sino ante el reconocimiento jurídico de una circunstancia histórica concreta.
Marruecos
Y aquí aparece inevitablemente Marruecos.
España tiene enormes intereses compartidos con Rabat. La cooperación migratoria, económica, comercial, policial y de seguridad convierte la relación hispano-marroquí en una de las más importantes de nuestra política exterior. Ignorar esta realidad sería irresponsable.
Pero mantener buenas relaciones con Marruecos no puede significar que España renuncie a tomar decisiones soberanas sobre su propia nacionalidad ni que nuestra política hacia el Sáhara quede determinada exclusivamente por el temor a deteriorar las relaciones con nuestro vecino del sur.
La amistad entre estados debe construirse desde el respeto mutuo, no desde la renuncia permanente a las posiciones propias.
Precisamente por eso resulta difícil no observar cierta contradicción en la política española de los últimos años. En 2022, el Gobierno de Pedro Sánchez modificó la posición mantenida tradicionalmente por España y pasó a considerar la propuesta marroquí de autonomía como la base «más seria, realista y creíble» para resolver el conflicto. Ahora, una mayoría del Congreso reconoce mediante esta proposición que existe una deuda histórica suficientemente excepcional como para justificar una vía específica de acceso a la nacionalidad.
Ambas cuestiones pueden diferenciarse jurídicamente, por supuesto. Pero políticamente resulta imposible fingir que no guardan ninguna relación.
Si España reconoce una responsabilidad histórica especial respecto del pueblo saharaui, debe ser capaz de explicar con claridad cuál es su posición sobre el futuro del territorio y defenderla con coherencia dentro del marco de Naciones Unidas. La política exterior no puede consistir en decir una cosa en función del interlocutor y otra cuando cambia el escenario político.
También merece atención la propia votación.
La proposición obtuvo 168 votos favorables, mientras que 145 diputados se abstuvieron y 31 votaron en contra. El Partido Popular optó finalmente por la abstención, defendiendo durante el debate una fórmula distinta para acceder a la nacionalidad; Vox se situó en contra.
Es legítimo discutir el procedimiento jurídico escogido, los mecanismos de acreditación o el alcance que debe tener la norma. En democracia las leyes también deben analizarse desde sus posibles problemas de aplicación.
Pero esa discusión no debería ocultar el asunto esencial.
España no puede borrar cincuenta años de historia simplemente comportándose como si el Sáhara nunca hubiera tenido nada que ver con nosotros.
No podemos modificar lo sucedido en 1975. No podemos resolver mediante una ley de nacionalidad un conflicto internacional que permanece abierto desde hace décadas. Tampoco podemos sustituir con un pasaporte la solución política que corresponde encontrar dentro de la legalidad internacional.
Lo que sí podemos hacer es asumir nuestra parte de responsabilidad.
Y quizás esa sea la mayor virtud de lo aprobado esta semana: recordar que la política exterior no está formada únicamente por intereses estratégicos. También está hecha de memoria, de compromisos y de personas.
Programas de cooperación
Durante décadas, miles de familias españolas han mantenido además una relación extraordinariamente cercana con el pueblo saharaui. Programas de acogida, cooperación, asociaciones y vínculos personales han conservado una relación que sobrevivió incluso cuando la política institucional prefería mirar hacia otro lado.
Por eso esta cuestión trasciende a un Gobierno concreto y debería trascender también a las siglas.
España necesita una política hacia el Magreb que combine tres elementos que no deberían ser incompatibles: una relación sólida y estable con Marruecos, la defensa de nuestros intereses nacionales y el reconocimiento de nuestra responsabilidad histórica respecto del Sáhara Occidental.
Renunciar a cualquiera de los tres sería un error.
La proposición aprobada por el Congreso no solucionará el conflicto del Sáhara. Tampoco pretende hacerlo. Pero puede corregir una anomalía que se ha prolongado durante demasiado tiempo.
Medio siglo después, España empieza a reconocer jurídicamente algo que la historia nunca terminó de borrar: que entre nuestro país y el pueblo saharaui existe un vínculo especial y, con él, una responsabilidad especial.
No es cuestión de nostalgia colonial. Mucho menos de enfrentarnos a Marruecos.
Es cuestión de asumir nuestra propia historia.
Porque un país serio no demuestra su madurez olvidando las páginas incómodas de su pasado, sino siendo capaz de afrontarlas.
Y con el Sáhara, España todavía tiene demasiadas páginas pendientes.
