El empresario Víctor de Aldama, uno de los mayores azotes del PSOE en los últimos tiempos y que ha pasado de actor principal en la trama corrupta socialista a colaborador, se ha convertido este miércoles en la figura central del llamado “caso Koldo” tras su declaración ante el Tribunal Supremo, donde lanzó graves acusaciones contra el exministro José Luis Ábalos y su antiguo asesor Koldo García, aunque situó a Pedro Sánchez en lo más alto de la pirámide jerárquica de la trama corrupta.
Aldama aseguró ante el tribunal que durante años entregó dinero en efectivo relacionado con adjudicaciones públicas y contratos obtenidos durante la pandemia. Según su versión, los pagos se realizaban a través de intermediarios y en ocasiones llegaban directamente al entorno del Ministerio de Transportes. El empresario describió supuestos traslados de efectivo “en mochilas” y vinculó esos fondos a empresas interesadas en acceder a contratos públicos.
La declaración supone uno de los momentos más delicados del proceso judicial porque Aldama ha pasado de investigado a colaborador parcial de la justicia. La Fiscalía considera que sus testimonios pueden ayudar a reconstruir el funcionamiento interno de la presunta red de comisiones ilegales creada alrededor de contratos de mascarillas y material sanitario durante la crisis del Covid-19. No obstante, sus graves acusaciones sobre el presidente, en las que le señala como el cabecilla de la banda, es lo más notorio.
Durante su comparecencia, Aldama también afirmó que Koldo García actuaba como enlace político y que Ábalos tenía conocimiento directo de determinadas operaciones económicas. Parte de esas afirmaciones todavía no han sido corroboradas documentalmente, aunque la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil mantiene desde hace meses que el exministro tuvo un “papel relevante” dentro de la trama investigada.
Otro de los puntos más controvertidos fue el reconocimiento de pagos vinculados al alquiler de un apartamento utilizado por Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos. Aldama afirmó que asumió esos gastos por petición de Koldo García, una cuestión que ya había aparecido en anteriores informes policiales y que ahora toma relevancia judicial con su testimonio directo.
La estrategia de la defensa de Ábalos pasa ahora por desacreditar a Aldama y presentar sus declaraciones como una maniobra para reducir su propia responsabilidad penal. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción considera que parte de sus afirmaciones coinciden con documentación bancaria, mensajes y seguimientos realizados por la Guardia Civil durante la investigación.
El empresario se enfrenta igualmente a peticiones de prisión por delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, aunque su colaboración con la justicia podría rebajar una eventual condena si sus declaraciones terminan siendo acreditadas en sede judicial.
