Se ha cumplido el 45º aniversario del fallido golpe de estado. Un golpe encabezado por un brazo ejecutor que ha pasado a formar parte de la historia, el teniente coronel, de la Guardia Civil, Antonio Tejero, que justo fallece en esta efeméride. Fue un capítulo de gran relevancia de la historia de España. Todo se desarrolló bajo una crisis de gobierno y en medio de una actividad terrorista protagonizada por la banda terrorista ETA. El intento de golpe de estado llegaba en un momento de debilidad de nuestro país y, por tanto, el cálculo para llevarlo a cabo estaba muy bien diseñado. Quienes lo habían organizado sabían que el ambiente político no se encontraba en su mejor momento. El presidente del gobierno, Adolfo Suarez, del CDS, había dimitido y como consecuencia iba a relevarle en la presidencia Leopoldo Calvo Sotelo.
Toda esta crisis se había convertido en un gran problema para el país que todavía estaba en fase de adaptación a la democracia. Estábamos comenzando el diseño de un cambio de régimen. Nos hallábamos atravesando la puerta que nos daba acceso a un estado de derecho amparado por la democracia, pero aún no la habíamos traspasado del todo. Con un terrorismo de ETA azotando a la sociedad todos los días, asesinando indiscriminadamente sin apenas capacidad de reacción, quienes decidieron dar un golpe de estado el 23 de febrero de 1985 tuvieron una buena visión para llevarlo a cabo. Pero afortunadamente fracasó. El gobierno ha decidido abrir la caja de los secretos del 23-F. Ha decidido desclasificar los documentos relacionados con el fallido golpe de estado que se consideraban secretos. No lo ha llevado a cabo para que los historiadores realicen los consiguientes trabajos. En su estrategia de nublar los casos que rodean al PSOE y al entorno de la familia del presidente del gobierno ha optado por esta decisión.
Pero no son conscientes que la sociedad española está por encima de los enfrentamientos. Hace ya más de medio siglo decidimos no mantener las diferencias de manera violenta. Fuimos capaces de llegar a entendernos planteando las posturas de manera pacífica y ordenada. El desclasificar documentos sensibles del pasado es un derecho que tenemos los ciudadanos de conocer lo que sucedió en nuestra sociedad. También entiendo que guardar algunos episodios difíciles, durante algún tiempo, para evitar daños colaterales es comprensible. Pero querer utilizarlos como herramienta política contra el rival es una irresponsabilidad que a nadie le beneficia y menos a quien lo hace con fines espurios. Los españoles hace ya tiempo pasamos página de los revanchismos y dejamos en la cuneta los rencores. Solo los necios, los ignorantes y los resentidos continúan con la esperanza de regresar al pasado para repetirlo. Entre ellos se encuentra el gobierno de este país y la izquierda en general. El sacar a la luz documentos sensibles sobre el 23-F es una obligación del estado hacia los ciudadanos.
Es necesario hacerlo para que la sociedad sepamos lo que tenemos en nuestro interior y poder así asimilarlo. Conocer nuestro pasado es el mejor antídoto para que no se vuelvan a repetir capítulos deplorables. Por tanto, instrumentalizar el pasado con el fin de descalificar lo que se está haciendo en el presente es un error. Desclasificar para conocer lo que sucedió es la mejor manera de anticiparse al futuro y poder corregirlo. Pero el PSOE no lo hace por eso, trata de volver al pasado, trata de que la sociedad se polarice, se divida, para que la Transición pase a ser algo negativo y sobre todo para demonizar a la Corona, que es un gran objetivo de este gobierno: Clausurar la institución monárquica. En España desclasificar documentos debe ser una responsabilidad que debería recogerse en una ley. Desclasificar documentos sensibles debe hacerse con un consenso político para evitar que se utilice políticamente. Desclasificar la historia debería estar en manos, no solo de políticos, sino de historiadores que pueden tener mucho que decir sobre temas de importancia.
