El juzgado de Vitoria toma declaración desde este lunes a los responsables de los campamentos, investigados por presuntos delitos contra la libertad sexual y otros hechos denunciados por familias de menores
15 monitores y responsables de los campamentos de Bernedo han comenzado este lunes a declarar ante el juzgado de Vitoria-Gasteiz que investiga las denuncias presentadas por familias de menores que participaron en las colonias organizadas por la asociación Sarrea Euskal Udaleku Elkartea. Las comparecencias suponen un nuevo paso en una investigación que comenzó después de que salieran a la luz los testimonios de varios menores sobre las condiciones en las que se desarrollaban los campamentos.
La investigación judicial analiza presuntos delitos relacionados con la libertad sexual, además de otras conductas denunciadas por las familias. Entre los hechos que han sido puestos en conocimiento de las autoridades figuran las denuncias sobre duchas mixtas, desnudez de monitores delante de los menores y determinadas prácticas o juegos que los denunciantes consideran inapropiados. La Ertzaintza mantiene abierta la investigación para determinar qué ocurrió y quiénes pudieron tener responsabilidad.
Las declaraciones de este lunes se producen después de que el juzgado delimitara el alcance de la investigación y citara a 15 monitores y responsables de las colonias. La justicia también ha tomado declaración a menores que participaron en los campamentos y ha recopilado testimonios de familiares dentro de las diligencias abiertas.
El caso se remonta a las denuncias que comenzaron a trascender públicamente en 2025. Varias familias aseguraron que sus hijos habían relatado situaciones que les habían generado malestar y sufrimiento durante su estancia en Bernedo. La investigación policial comenzó a partir de informaciones recibidas previamente sobre posibles hechos ocurridos en estos campamentos, de carácter feminista.
Uno de los elementos que ha generado mayor controversia son las duchas mixtas y la presencia de monitores desnudos delante de los menores. Las familias han aportado cartas y testimonios de los niños en los que describían algunas de estas situaciones. La asociación organizadora, por su parte, ha rechazado el relato que se ha difundido públicamente y ha sostenido que existe una interpretación alejada de la realidad de lo sucedido.
La investigación llega después de meses de polémica
El caso provocó también un conflicto entre la organización de los campamentos y las instituciones alavesas. La Diputación Foral de Álava abrió un expediente sancionador a la asociación al considerar que la actividad no había sido comunicada y que no se había facilitado la documentación requerida por la Administración. Posteriormente impuso una inhabilitación de tres años y una multa de 9.000 euros, aunque la justicia suspendió cautelarmente la inhabilitación mientras se resuelve el procedimiento administrativo.
La Fiscalía del País Vasco también había reclamado medidas preventivas para proteger el interés de los menores después de que se conociera que los organizadores pretendían volver a celebrar las colonias durante el verano de 2026.
La declaración de los 15 investigados constituye ahora uno de los principales hitos de la causa. Estar investigado no implica que exista una condena ni que los hechos denunciados hayan sido acreditados judicialmente. Será la investigación la que determine si las conductas denunciadas tuvieron lugar, en qué circunstancias y si pueden constituir delitos.
El procedimiento continúa abierto mientras el juzgado analiza los testimonios de menores, familias y monitores y la documentación incorporada a las diligencias. La causa deberá determinar finalmente las posibles responsabilidades individuales que pudieran derivarse de los hechos investigados.
