La formación, que celebrará su asamblea fundacional el próximo 9 de enero, defiende la soberanía vasca, la salida de la OTAN, un salario mínimo de 21.000 euros
Llega tarde en vista de las circunstancias, pero el País Vasco tendrá su propio partido antiinmigración al estilo de Aliança Catalana. El panorama político vasco se prepara para la aparición de una nueva formación política que se define como abertzale y progresista, pero que sitúa el control de la inmigración entre sus principales prioridades. El partido todavía no ha desvelado su nombre ni su imagen corporativa, aunque ya ha presentado un programa provisional de doce puntos en el que recoge algunas de sus principales propuestas. Entre ellas figura una frase que resume su planteamiento migratorio: «No caben toda África ni Latinoamérica en Euskal Herria».
La nueva organización prevé celebrar su asamblea fundacional el próximo 9 de enero, una cita en la que elegirá a su primer comité ejecutivo, aprobará sus estatutos y cerrará su programa definitivo. Sus promotores aseguran que están completando los trámites legales ante el Ministerio del Interior y esperan anunciar oficialmente el nombre de la formación en las próximas semanas.
El proyecto pretende concurrir a las elecciones forales de mayo de 2027 en Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra, además de presentar candidaturas en el mayor número posible de municipios. Sus impulsores aseguran que quieren construir una alternativa política desde la izquierda que incorpore posiciones restrictivas sobre inmigración, un terreno que consideran que está siendo ocupado progresivamente por la derecha.
Un modelo migratorio restrictivo
La inmigración ocupa un lugar central en el documento programático de la nueva formación. Sus promotores consideran que el modelo actual responde a una lógica económica neoliberal basada en la llegada masiva de trabajadores extranjeros y sostienen que esta situación perjudica tanto a la población inmigrante como a los jóvenes y trabajadores vascos.
El partido defiende que no existen suficientes empleos ni viviendas para absorber todos los flujos migratorios y reclama recuperar lo que denomina «la racionalidad» en las políticas migratorias. Sus responsables rechazan que el proyecto sea una réplica de Aliança Catalana, la formación encabezada por Silvia Orriols, y aseguran que no se consideran racistas ni islamófobos.
Entre sus propuestas figura también limitar las ayudas públicas a los inmigrantes que, según su planteamiento, no tengan intención de incorporarse al mercado laboral. El programa relaciona la inmigración descontrolada con problemas de inseguridad y delincuencia, aunque esas afirmaciones forman parte del argumentario de la formación y no constituyen por sí mismas una demostración estadística de esa relación.
En materia de seguridad, propone que los extranjeros detenidos por varios delitos cometidos contra ciudadanos vascos puedan ser expulsados de Euskal Herria. Para ello reclama agilizar los procedimientos judiciales y evitar la reincidencia.
Admiración por el modelo soviético y rechazo a la OTAN
En política internacional, la nueva organización combina reivindicaciones tradicionales del soberanismo vasco con posiciones económicas y geopolíticas vinculadas a la izquierda comunista. Defiende el derecho de autodeterminación de Euskal Herria, la soberanía nacional y la salida de España de la OTAN.
El documento también muestra una reivindicación del modelo soviético en determinadas políticas sociales y migratorias. Propone impulsar un sistema de becas para jóvenes de países en desarrollo que puedan formarse como médicos, ingenieros o técnicos y regresar posteriormente a sus países de origen para contribuir a su desarrollo.
Respecto a la guerra de Ucrania, reclama el final de la invasión y el regreso de los refugiados a sus hogares, al tiempo que pide levantar las sanciones internacionales contra el régimen de Vladímir Putin.
Vivienda, salario mínimo de 21.000 euros y ayudas a la natalidad
En el apartado económico y social, el partido plantea un salario mínimo de 21.000 euros anuales, políticas de apoyo a la natalidad y medidas para facilitar que los jóvenes puedan formar una familia. Sus promotores vinculan estas propuestas con la necesidad de preservar la identidad cultural vasca.
La vivienda también aparece entre sus prioridades. La formación toma como referencia algunas políticas desarrolladas en Viena y defiende un modelo de intervención pública para facilitar el acceso a la vivienda. Otra de sus reivindicaciones es conseguir la oficialidad de las selecciones deportivas vascas en las competiciones internacionales.
El programa incluye igualmente medidas de apoyo a agricultores y pescadores, así como una defensa de la igualdad material y económica entre hombres y mujeres. Sin embargo, sus promotores cuestionan las políticas de identidad porque consideran que pueden fragmentar la cohesión social.
Cuotas de 15 euros y reducción de los sueldos políticos
La nueva formación también plantea una reforma del funcionamiento de las instituciones y de los propios partidos políticos. Propone establecer una cuota anual de afiliación de 15 euros y reducir al mínimo los cargos de confianza y los asesores.
Entre sus compromisos figura combatir el enchufismo, las puertas giratorias y las adjudicaciones públicas a empresas vinculadas a formaciones políticas. Defiende que los contratos públicos se adjudiquen atendiendo principalmente a criterios objetivos de calidad y precio.
En cuanto a los representantes públicos, propone que sus salarios no superen el sueldo medio, situado actualmente en torno a los 35.000 euros anuales, con excepciones para los puestos de mayor responsabilidad, cuyos ingresos podrían equipararse a los que percibían en la empresa privada.
La organización pretende completar su estructura en las próximas semanas y llegar a la asamblea del 9 de enero con los trámites legales resueltos. Será entonces cuando se conozcan oficialmente su nombre, sus dirigentes y el programa definitivo con el que pretende irrumpir en el escenario político vasco de cara a las elecciones de 2027.
