El Gobierno andaluz no renovará un programa de alojamiento temporal dotado con 6,4 millones de euros y que ofrecía 315 plazas en las ocho provincias
La Junta de Andalucía ha decidido no renovar la financiación de un programa de alojamiento temporal para personas sin hogar en el que participaban Cruz Roja, Fundación SAMU e Inserta. La decisión afecta a un servicio que contaba con un presupuesto de 6,4 millones de euros y 315 plazas distribuidas por las ocho provincias andaluzas.
La medida se produce en el contexto del acuerdo político entre el PP y Vox en Andalucía, que contempla revisar determinadas subvenciones públicas. Sin embargo, la Junta ha desvinculado la decisión de no prorrogar el programa de ese pacto, por lo que no puede atribuirse directamente a Vox la retirada de estas ayudas sin más pruebas.
El programa financiaba plazas de alojamiento temporal destinadas a personas sin hogar, con el objetivo de ofrecerles una alternativa residencial y facilitar su proceso de inserción social. La financiación permitía mantener recursos de acogida en las ocho provincias andaluzas.
La decisión de no renovar el servicio afecta a las entidades que lo gestionaban y plantea interrogantes sobre la continuidad de la atención a sus beneficiarios. Para determinar el alcance definitivo de la medida, resulta necesario conocer qué alternativas prevé la Administración autonómica y si las plazas serán sustituidas por otros recursos públicos o concertados.
El debate sobre las subvenciones públicas
La decisión se enmarca en la discusión política sobre el destino de los fondos públicos y los criterios para financiar programas sociales. El PP y Vox han defendido la revisión de determinadas partidas presupuestarias, aunque las decisiones concretas deben analizarse de acuerdo con las resoluciones administrativas y los programas afectados.
En este caso, la retirada de financiación afecta a un programa específico de alojamiento para personas sin hogar, pero no implica la eliminación de todas las subvenciones a Cruz Roja ni la desaparición de la entidad de los servicios sociales andaluces. El alcance de la decisión dependerá también de las medidas que adopte la Junta para garantizar la continuidad de la atención a las personas afectadas y de la eventual puesta en marcha de nuevos mecanismos de alojamiento.
Hay que recordar que justo hace unos días, la junta de Aragón, bajo las misma siglas conjuntas, eliminaron las ayudas específicas al colectivo LGTBI en Aragón y destinan 516.000 euros a discapacidad
