La Audiencia Nacional ha paralizado temporalmente la utilización del campamento de acogida para inmigrantes previsto en el puerto de Ceuta, una medida que afecta al traslado de alrededor de 1.800 personas que el Gobierno tenía previsto realizar este jueves. La decisión judicial llega después de que el Sindicato Unificado de Policía (SUP) presentara un recurso contra la instalación, al considerar que existen dudas sobre su seguridad y adecuación para acoger a los migrantes.
El campamento, ubicado en el muelle de Poniente, ocupa una superficie de aproximadamente 16.000 metros cuadrados y estaba destinado a aliviar la presión migratoria que soporta la ciudad autónoma. El dispositivo incluye carpas, servicios sanitarios, enfermería y espacios de atención social. El Ministerio de Transportes había autorizado su instalación después de que surgieran dificultades para disponer de los terrenos portuarios necesarios.
El SUP sostiene que la concentración de migrantes en una zona portuaria plantea riesgos que deben ser evaluados antes de poner en funcionamiento las instalaciones. Entre sus argumentos figuran la proximidad a infraestructuras sensibles, la prevención de incendios, la compatibilidad del campamento con la actividad portuaria y la falta de documentación técnica que, a juicio del sindicato, permita acreditar que el emplazamiento reúne las condiciones necesarias.
La organización policial también cuestiona el procedimiento seguido para autorizar el uso de los terrenos. La Audiencia Nacional ha requerido al Ministerio de Transportes que remita la documentación correspondiente a la orden ministerial que permitió la instalación. La suspensión es provisional y no supone todavía una resolución definitiva sobre la legalidad del campamento.
El Gobierno critica la paralización
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha expresado su desacuerdo con la decisión judicial y ha defendido que el campamento estaba terminado y que su instalación se había acordado con el Gobierno de Ceuta. Puente ha denunciado que la suspensión dificulta la respuesta a la crisis migratoria y ha acusado al PP de obstaculizar las soluciones planteadas por el Ejecutivo.
El ministro de Transformación Digital, Óscar López, también ha pedido celeridad a la Audiencia Nacional para que resuelva la situación. El Gobierno considera que el traslado permitiría mejorar las condiciones de atención de los migrantes y reducir la presión sobre la ciudad autónoma.
La paralización deja en suspenso el traslado previsto para este jueves, mientras la Audiencia Nacional examina el recurso y la documentación solicitada. La decisión definitiva determinará si el campamento puede entrar en funcionamiento en los términos previstos por el Ministerio de Transportes.
