Ceuta continúa bajo una fuerte presión migratoria y asistencial dos semanas después de la entrada masiva del 30 de julio. El Ministerio del Interior calcula que alrededor de 5.000 migrantes permanecen todavía en la ciudad, después de elevar a 80.000 el número total de personas que habrían entrado y estimar que unas 70.000 regresaron posteriormente a Marruecos. El presidente de Ceuta, Juan Vivas, mantiene una estimación superior y sitúa entre 8.000 y 11.000 las personas que continúan en la ciudad.
La discrepancia entre las cifras refleja la dificultad para establecer una fotografía exacta de la situación. Vivas considera que la ciudad continúa en una situación “insostenible” y reclama al Gobierno central que acelere los retornos a Marruecos, además de un refuerzo permanente de los medios policiales y fronterizos. Los servicios médicos, los alimentos, la tranquilidad… todo se había tremendamente perturbado tras los hechos acaecidos.
Uno de los problemas más graves se encuentra en la atención a los menores extranjeros no acompañados. Interior cifra en 1.898 los menores tutelados actualmente en Ceuta, mientras distintas organizaciones manejan estimaciones superiores sobre el número de menores que permanecen en la ciudad, incluidos aquellos que todavía no han entrado en los recursos de protección.
La presión sobre el sistema de acogida es extraordinaria. El propio Gobierno de Ceuta llegó a señalar que atendía a 1.100 menores, frente a una capacidad legal ordinaria de contingencia de 90, lo que suponía una ocupación aproximadamente 26 veces superior a esa capacidad.
El Gobierno central ha aprobado 25 millones de euros extraordinarios para atender la emergencia y trabaja en la derivación de menores hacia otras comunidades autónomas. También se estudia el retorno familiar a Marruecos cuando resulte legalmente posible y garantice el interés superior del menor.

La crisis incorpora además una dimensión especialmente grave relacionada con la seguridad de las menores. La Policía Nacional confirmó que, hasta el 11 de agosto, se habían registrado seis denuncias de menores por presuntas agresiones sexuales tras la entrada masiva. Los casos están siendo investigados y las denuncias no equivalen a condenas ni permiten atribuir responsabilidad penal hasta que concluyan las investigaciones judiciales. No en vano, ayer se denunció un nuevo abuso a una menor local de diez años.
Policía escasa
El Ministerio del Interior ha enviado únicamente a Ceuta una veintena de agentes de la Brigada Central de Extranjería y Fronteras para acelerar la identificación y los procedimientos de expulsión de las personas que permanecen en situación irregular. También está previsto el despliegue de 45 agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) para reforzar la seguridad ciudadana.
El Gobierno sostiene que no se regularizará de forma general a quienes entraron durante la crisis y que los casos deberán tramitarse conforme a la legislación vigente, es decir, que muchos acabarán viviendo en España. Hasta ahora se han procesado alrededor de 500 solicitudes de asilo, mientras Interior mantiene que la colaboración de Marruecos ha permitido el retorno de decenas de miles de personas.

Juan Vivas, presidente de la localidad, mantiene una posición mucho más contundente y considera que la solución pasa por acelerar el retorno de quienes permanecen en Ceuta. El presidente ceutí ha reclamado más efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil, así como una mayor implicación de Frontex al considerar que la frontera de Ceuta constituye también una frontera exterior de la Unión Europea.
La crisis también ha provocado enfrentamientos políticos sobre el reparto de menores entre comunidades autónomas y sobre la respuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez. El Gobierno defiende la protección de los menores y su eventual derivación a otras regiones, mientras Vivas insiste en que Ceuta no puede soportar por sí sola la presión actual.
Alerta ante un posible nuevo intento de entrada
La presión fronteriza tampoco ha desaparecido. España y Marruecos han reforzado sus dispositivos ante el temor a un nuevo intento de entrada masiva durante el día de mañana, el 15 de agosto. Marruecos ha incrementado la vigilancia en su lado de la frontera y España mantiene un mejor despliegue policial, militar y marítimo en Ceuta. A pesar de todo, Marlaska ha asegurado que «la cooperación complicidad y lealtad de Marruecos está fuera de toda duda».
La fotografía de Ceuta este 14 de agosto de 2026 es, por tanto, la de una ciudad que continúa bajo una enorme presión: miles de migrantes permanecen todavía en su territorio, los recursos de acogida de menores están desbordados, se investigan seis denuncias de presuntas agresiones sexuales a menores y las fuerzas de seguridad mantienen reforzada la frontera ante el temor a nuevos cruces. Un desastre en toda regla.


