El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado su dimisión tras ser condenado por el Tribunal Supremo. La condena le impone dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos. También deberá pagar una multa de 7.200 euros y indemnizar con 10.000 euros a Alberto González Amador. El fallo se refiere a la filtración de datos reservados relacionados con la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
En una carta dirigida al ministro de Justicia, Félix Bolaños, Ortiz justifica su renuncia por “profundo respeto a las resoluciones judiciales” y por su deseo de proteger la institución de la Fiscalía. Señala que adelanta su salida antes de que la inhabilitación se ejecute formalmente. Según él, ha actuado con “vocación de servicio público, sentido del deber y lealtad institucional”. Reconoce que su decisión “deriva directamente” del fallo del Tribunal Supremo, pero afirma que se marcha con la convicción de haber servido “fielmente a la institución” a la que pertenece.
La dimisión aún debe ser ratificada por el Consejo de Ministros y formalizarse mediante su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Mientras se nombra un sucesor, todo apunta a que la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, asumirá el cargo de forma interina. Este suceso desata un debate político e institucional sobre la independencia del Ministerio Público y los controles internos en casos sensibles. Algunas voces reclaman revisar protocolos para evitar filtraciones, mientras otras critican lo que consideran un fallo con posibles connotaciones políticas.
