El Tribunal Supremo ha dictado sentencia y hoy se convertirá en una fecha marcada para la historia. Hoy día, 20 de noviembre de 2025 se cumple el cincuenta aniversario de la muerte del que fuera Jefe del Estado, Francisco Franco. Fecha histórica a la que se incorporará un hecho muy grave. El TS ha dictado sentencia. Algo para lo que se ha constituido, pero es una sentencia que marcará un borrón en la democracia. Ha condenado al fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros. Nunca antes esto había ocurrido en democracia.
Es un capítulo que ensombrece y entristece a cualquier demócrata de cualquier tendencia ideológica. Un hecho que ha inaugurado el capítulo, hasta ahora, más indecente de la democracia, pese a que se le instó al señor Ortiz a que dimitiera antes de sentarse de en el banquillo de los acusados. Una parte muy importante de sus compañeros le propusieron que se marchara. Consideraban que no era ejemplarizante afrontar un juicio siendo fiscal General del Estado. Hizo oídos sordos y, apoyado por el presidente del gobierno, Ortiz quiso permanecer en el cargo. Además, se negó a dejar la toga y las chorreras mientras se le juzgaba. Un hecho que enturbió más, si cabe, el prestigio de la fiscalía.
Le pudimos ver durante el juicio en una postura que rozaba la chulería y la prepotencia. Además, mostró una actitud desafiante hacia el tribunal que le juzgaba. Antes de ser juzgado, como hemos relatado, el presidente del gobierno, P. Sánchez le apoyaba sin fisuras. Fue tal su apoyo que públicamente exigió que al señor Ortiz se le pidiera perdón por las difamaciones que se habían pronunciado contra el fiscal general, ya que no había pruebas que le incriminaban de los delitos de los que se le acusa.
La condena marca un antes y un después en la trayectoria de nuestra democracia. Pero el mismo camino que Ortiz está obligado a recorrer lo debería hacer Sánchez, desde que decidió que sus trayectorias fueran las mismas. Debe plasmar su solidaridad y abandonar la presidencia del gobierno. Pero no debemos olvidar otro episodio no menos rechazable. Antes de dictarse sentencia, el presidente del gobierno, en un episodio lamentable, se pronunció públicamente, alegando que Ortiz era inocente. Un hecho muy grave y muy lamentable. También se ha estrenado un capítulo donde un presidente del gobierno ha traspasado la línea de la independencia de los poderes entre el ejecutivo y el judicial. Pero afortunadamente los jueces no se han visto ‘presionados’ dictando sentencia prestigiando y reforzando la democracia española.
