En caso de que se tipifique como una denuncia falsa, la colaboradora televisiva, que tampoco presentó pruebas según la jueza, podría enfrentarse a penas de hasta dos años de cárcel
La colaboradora Sarah Santaolalla denunció haber sido agredida físicamente por el periodista Vito Quiles tras un incidente ocurrido en el Senado durante un acto del PSOE. Tras acudir al hospital, se levantó un informe médico-forense que concluye que no existen lesiones objetivas que respalden su versión, después de que esdiario.com tuviera acceso al documento.
Según el parte, Santaolalla manifestó dolor en la columna cervical, hombro, codo y muñeca izquierda, así como en ambos pies, pero el médico constató únicamente molestias referidas por la denunciante sin evidencia física de agresión. Se le pautó tratamiento con cabestrillo, antiinflamatorios, reposo y aplicación de frío, pero no se detectaron signos de lesión.
El informe médico es contundente al señalar que no hay constancia de daños que puedan relacionarse con los hechos denunciados, debilitando notablemente la versión de Santaolalla. En paralelo, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid denegó la orden de alejamiento solicitada por la tertuliana y rechazó las medidas cautelares de protección, al considerar que no existen indicios de acoso ni de delito grave.
La jueza consideró que los hechos se encuadran dentro de un encontronazo derivado del ejercicio profesional y público de ambas partes, sin que se acreditara acometimiento directo por parte del periodista. Un vídeo aportado por la defensa de Quiles resultó clave para desmontar la denuncia, mostrando que no hubo agresión y que él fue apartado del lugar de forma brusca.
No aporta ninguna prueba
La magistrada también criticó a Santaolalla por no aportar los supuestos vídeos de la agresión mencionados en su denuncia, a pesar de haber tenido tiempo suficiente para hacerlo. El periodista Vito Quiles ha presentado a su vez una demanda por injurias, calumnias y vulneración del derecho al honor, reclamando 250.000 euros. Además, en caso de que se tipifique como una denuncia falsa, las penas pueden llegar hasta los dos años de prisión.
El auto judicial subraya que una orden de alejamiento sin evidencia podría constituir una censura encubierta que perjudicaría el ejercicio normal de la actividad periodística. Con este fallo, la juez deja claro que la denuncia inicial no tiene fundamento suficiente y que no existe riesgo inminente que justifique medidas de urgencia.
Santaolalla había solicitado protección inmediata, alegando haber sido empujada e increpada, pero las pruebas no corroboran agresión física alguna. El enfrentamiento evidencia una confrontación mutua que se enmarca en el ámbito profesional, más que en un ataque personal con consecuencias legales graves. Quiles, por su parte, mantiene su defensa y busca resarcimiento por daños morales, reputacionales y personales, consolidando la disputa judicial entre ambos.
