La policía autonómica vasca, la Ertzaintza, está últimamente en el foco, sobre todo tras la polémica surgida por su actuación en la pelea que se produjo entre falangistas y contra-manifestantes en la manifestación de la Falange en Vitoria. Quizás todo parta de ahí, del supuesto hartazgo del grupo policial por las críticas a su actuación, sobe todo por parte de la izquierda abertzale, en la que cerca de veinte agentes resultaron heridos. Lo que sí se puede percibir es que se ha dado un cambio rumbo en su política de comunicación sobre la edad y nacionalidad de los agresores en sus partes oficiales. La tensión interna en los últimos días entre el grupo policial y el Gobierno Vasco se hace palpable tras este cambio en la transparencia de los datos. Eso sí, a nivel público, las declaraciones del jefe de gobierno, el PNV, han ido a respaldar la actuación policial. ¿Un pulso al Gobierno Vasco? ¿Una decisión consensuada? ¿tensiones internas?
Si bien es cierto que el Gobierno Vasco trata a toda costa de proteger la nacionalidad del agresor en todos los delitos de los que informa en suelo vasco. Ya desde hace tiempo, bajo el pretexto de no favorecer el odio o el racismo hacia determinados colectivos, oculta información a los ciudadanos, que ven cómo se suele tachar de ‘jóvenes’ a delincuentes extranjeros, menores o no, sin aportar la información al completo. Y, ya saben, medias verdades son medias mentiras. El pueblo tiene derecho a toda la información, no parcial o instrumental. Y la Ertzaintza, que conoce de primera mano las cifras oficiales, puede que esté estirando la cuerda, sabedor también de que es un actor fundamental en los múltiples conflictos que se vienen dando históricamente en el País Vasco.
