La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decretado el archivo de las diligencias previas abiertas por la denuncia presentada por dos extrabajadoras contra el cantante Julio Iglesias, después de considerar que los tribunales españoles carecen de jurisdicción para examinar los hechos referidos. Es decir, que de los hechos ocurridos en República Dominicana o Bahamas, dos de las residencias del cantante, deberán ser juzgados allí conforme a sus leyes. Un paso para dar carpetazo al caso de Julio Iglesias, con demasiadas aristas que no encajan.
Una vez que la Fiscalía tomó declaración a las dos denunciantes, ha concluido que no tiene competencia para una investigación de tal calibre. «La totalidad de los hechos presuntamente delictivos habrían ocurrido fuera del territorio español«, concretamente en la República Dominicana y las Bahamas, y que las personas denunciadas «ni residen en España ni mantienen en este país su centro de vida, intereses o actividad, con independencia de que Julio Iglesias tenga propiedades inmobiliarias«. Las denunciantes, además, son de nacionalidad colombiana y brasileña.
De este modo, a medida que avanza el caso se van acabando los argumentos de esos señaladores que han querido vestir al artista de monstruo. Hay que recordar que la investigación fue llevada a cabo por Eldiario.es y su director Ignacio Escolar aseguró que llevaban inmersos «tres años» en la investigación. Tres años tirados, porque en prácticamente una semana la falta de pruebas les deja una situación muy complicada por la gravedad de las acusaciones vertidas sin fundamento. Se le acaba el tiempo a Escolar para demostrar lo que publicó y, además, la réplica judicial de Iglesias, que cuenta con un gran poder económico y un buffet de abogados a su servicio, puede ser letal para el medio izquierdista.
