Antonio Naranjo ya lo denunció en El Debate: cinco veranos, más de 230.000 euros, y eso sin contar el Falcon, la escolta ni el propio palacio de La Mareta. Gastos sin justificar, invisibles, invitados sin nombre aparente. Un patrón, no un desliz.
Presidencia ha tenido que reconocer, a regañadientes, que la estancia de Sánchez en La Mareta durante 2025 costó 44.975,19 euros: 11.322,65 en alojamiento, 22.711,41 en manutención y 10.941,13 en locomoción. Y aun así, el capítulo más oscuro —la seguridad— sigue sin cifra conocida. Cuánto más se rasca, menos se cuenta.
Vayamos al alojamiento. La Mareta es pública, de Patrimonio Nacional. No hay hotel, no hay alquiler. Entonces, ¿qué demonios se está pagando con esos 11.322,65 euros? El Gobierno calla. Y ese silencio, tratándose de dinero de todos, no es prudencia: es opacidad deliberada.
Con la locomoción, más de lo mismo. El presidente vuela a Lanzarote en aviones militares que corren a cargo de Defensa. Esta partida es, por tanto, otra cosa: ¿vehículos de alquiler para su corte, taxis, desplazamientos de invitados que disfrutan del verano a costa del contribuyente?. Nadie lo aclara, porque a nadie en Moncloa le interesa aclararlo.
Y la manutención, con 22.711,41 euros, la partida más abultada de las tres, sigue siendo un agujero negro: ¿se alimenta solo el presidente y su familia, o también un séquito de asesores y personal que veranea gratis mientras el resto de los españoles paga cada euro de su cesta de la compra? Y puede que tengamos Sánchez para más de lo que pensamos, como así lo reflejé en este medio en mi anterior artículo.
Que este oscurantismo no es casualidad lo prueba el hecho de que haya tenido que intervenir el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Su Resolución 1403/2025, de 21 de noviembre, obligó a Presidencia a desglosar el gasto y a identificar a los invitados. Que un presidente necesite que le obliguen por resolución a contar en qué gasta el dinero público retrata, mejor que cualquier discurso, su idea de la transparencia.
Las preguntas siguen ahí, sin respuesta: ¿quién paga las lanchas en las que pasea o bucea? ¿Quién sufraga que sus hijas salgan en moto de agua, un capricho tan privado como oneroso? Todo indica que ese ocio familiar se financia con dinero público disfrazado bajo etiquetas tan cómodas como «seguridad» o «gastos confidenciales». Mientras Sánchez no ponga las cuentas encima de la mesa, La Mareta seguirá siendo el símbolo de un presidente que confunde el erario con su patrimonio personal.
