El Ejecutivo trabaja a contrarreloj para llevar la norma al Consejo de Ministros del martes y pretende reducir los plazos administrativos y judiciales de los expedientes abiertos
El Gobierno prepara un decreto ley para acelerar las devoluciones a Marruecos de los migrantes que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva registrada los días 30 y 31 de julio. La norma se encuentra todavía en fase de elaboración y varios ministerios trabajan para intentar llevarla al Consejo de Ministros del próximo martes, aunque el Ejecutivo todavía debe cerrar su encaje jurídico.
La principal finalidad de la iniciativa es reducir los plazos administrativos y judiciales que actualmente pueden retrasar durante semanas o meses el retorno de las personas que no tienen derecho a permanecer en España. El Ministerio del Interior ha pilotado la elaboración del texto, en coordinación con otros departamentos del Gobierno, después de que la crisis migratoria haya dejado todavía a miles de personas en la ciudad autónoma.
Uno de los aspectos más relevantes de la norma afectaría a los migrantes que han solicitado protección internacional. Mientras una petición de asilo está pendiente de resolución o existe la posibilidad de recurrir una decisión negativa, los solicitantes cuentan con garantías que pueden impedir su devolución. El Gobierno pretende modificar los plazos y procedimientos para evitar que estas solicitudes paralicen durante largos periodos las devoluciones a Marruecos.
Según el texto que se está estudiando, los cambios afectarían a las solicitudes de asilo registradas en Ceuta desde la entrada masiva del pasado mes de julio. Entre las medidas planteadas figura la reducción de determinados plazos judiciales y administrativos y la eliminación de algunos pasos intermedios en la tramitación de los expedientes, con el objetivo de que las decisiones puedan ejecutarse con mayor rapidez. El contenido definitivo, sin embargo, todavía puede sufrir modificaciones antes de su eventual aprobación.
El Gobierno también estudia mecanismos para actuar sobre los expedientes de personas que abandonen los centros de acogida de Ceuta. Una de las posibilidades que se encuentra sobre la mesa es que determinadas solicitudes puedan ser archivadas en esas circunstancias, lo que permitiría iniciar posteriormente los procedimientos correspondientes para su devolución. Esta cuestión continúa siendo objeto de discusión dentro del Ejecutivo.
Más de 10.000 migrantes permanecen en Ceuta
La decisión llega casi dos meses después de la entrada masiva que provocó una situación extraordinaria en la ciudad autónoma. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha situado en más de 10.000 las personas que permanecen en Ceuta en situación irregular. El Gobierno considera necesario acelerar los procedimientos para evitar que la acumulación de expedientes prolongue la crisis durante los próximos meses.
Los últimos datos citados por el Ejecutivo señalan que hasta el 22 de septiembre 2.546 adultos habían pasado por el triaje policial previo y que una mayoría había optado por solicitar protección internacional. Torres ha señalado que la previsión del Gobierno es que buena parte de esas solicitudes sean finalmente rechazadas. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado además que aproximadamente el 1% de las solicitudes de protección presentadas por ciudadanos marroquíes terminan siendo aprobadas.
El Gobierno pretende ahora acelerar precisamente esa tramitación. El procedimiento de asilo en frontera contempla unos plazos que pueden alcanzar las 12 semanas, por lo que el Ejecutivo estudia fórmulas para reducir el tiempo necesario para resolver los expedientes y determinar quién puede permanecer en España y quién debe ser devuelto a Marruecos.
Sumar rechaza las devoluciones antes de resolver el asilo
La iniciativa ya ha provocado diferencias dentro del propio Ejecutivo. Sumar ha advertido de que no respaldará una norma que permita devolver a Marruecos a personas que hayan solicitado asilo antes de que sus expedientes hayan sido resueltos definitivamente. La posición abre un nuevo frente político para Pedro Sánchez ante la necesidad de que el eventual decreto ley sea posteriormente convalidado por el Congreso.
El Gobierno tendrá que cerrar, por tanto, un difícil equilibrio entre la necesidad de acelerar la gestión de los expedientes y las garantías asociadas al derecho de asilo. Además, el propio encaje jurídico de la reforma está siendo estudiado por los servicios jurídicos del Ejecutivo, por lo que el contenido anunciado todavía no puede considerarse definitivo.
La eventual aprobación del decreto supondría una nueva fase en la respuesta del Gobierno a la crisis de Ceuta. Después de semanas centrado en la acogida, el alojamiento y la gestión de las personas llegadas durante la entrada masiva, el Ejecutivo pretende ahora acelerar la resolución de los expedientes y facilitar las devoluciones a Marruecos.
