El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado su intención de retirar la Pirámide de los Italianos, un monumento protegido como Bien de Interés Cultural (BIC) desde febrero de 2024, al considerar que es un vestigio contrario a la Ley de Memoria Democrática. La decisión ha reavivado el debate sobre los límites entre la aplicación de la legislación memorialista y la conservación del patrimonio histórico y arquitectónico.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, confirmó la decisión adoptada por la comisión técnica de expertos a través de un mensaje en la red social X. En su publicación defendió que «Memoria es democracia» y sostuvo que las futuras generaciones no deben convivir con espacios públicos que, a juicio del Ejecutivo, exalten valores incompatibles con el sistema democrático.
La Pirámide de los Italianos fue construida entre 1938 y 1939 para albergar los restos de soldados italianos fallecidos durante la batalla del puerto del Escudo. Más allá de su origen histórico, el monumento fue declarado Bien de Interés Cultural con categoría de monumento por la Junta de Castilla y León, una decisión impulsada cuando la Consejería de Cultura estaba dirigida por VOX.
La resolución autonómica justificó esa protección por su valor arquitectónico, histórico, artístico y paisajístico, al considerarlo un ejemplo singular del racionalismo italiano de entreguerras en España. La catalogación como BIC supone el máximo nivel de protección patrimonial previsto por la legislación autonómica y obliga, con carácter general, a preservar y conservar el inmueble.
Expertos advierten de un posible conflicto jurídico
Diversas fuentes jurídicas consultadas en los últimos meses han señalado que la declaración como Bien de Interés Cultural podría dificultar cualquier actuación encaminada a la demolición o retirada del monumento, al entrar en posible conflicto la normativa estatal de memoria democrática con la legislación autonómica de protección del patrimonio.
El anuncio del Gobierno llega, además, después de que el Ejecutivo incluyera otros monumentos y elementos del callejero de la provincia de Burgos entre los símbolos susceptibles de ser retirados o modificados. Entre ellos figuran la Columna Sagardía, en Cilleruelo de Bricia, el monumento dedicado a Emilio Mola en Alcocero de Mola y referencias toponímicas en municipios como Quintanilla de Onésimo (Valladolid) y San Leonardo de Yagüe (Soria).
La protección del patrimonio, no para Sánchez
La decisión del Ejecutivo ha reabierto un intenso debate sobre la conservación del patrimonio histórico. Mientras el Gobierno sostiene que determinados monumentos deben retirarse para cumplir la Ley de Memoria Democrática, distintas voces del ámbito jurídico, patrimonial y político consideran que intervenir sobre bienes con la máxima protección legal podría sentar un precedente relevante en materia de conservación del patrimonio cultural.
En el caso de la Pirámide de los Italianos, la declaración como Bien de Interés Cultural continúa plenamente vigente, por lo que cualquier actuación sobre el monumento previsiblemente deberá afrontar un complejo recorrido administrativo y, en su caso, judicial.
