La Iglesia asumirá el pago de las indemnizaciones a las víctimas de abusos sexuales en aquellos casos en los que ya no sea posible acudir a la vía judicial, según el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal Española. El pacto establece un nuevo mecanismo de reparación que combina la participación de las instituciones del Estado y de la propia Iglesia, con el objetivo de ofrecer una respuesta a las víctimas que hasta ahora carecían de un cauce efectivo y que ahora podrán verse recompensadas de algún modo.
El acuerdo ha sido firmado por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello; y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego. El Ejecutivo subraya que se trata de un sistema mixto Iglesia-Estado, en el que las reparaciones económicas y de otro tipo recaerán sobre la Iglesia, mientras que el Estado actuará como garante del proceso.
El nuevo procedimiento contempla que la víctima inicie su solicitud ante una unidad de tramitación del Ministerio de Justicia, que remitirá el caso a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo. Este organismo será el encargado de analizar cada situación y elaborar una propuesta de resolución que podrá incluir reparaciones económicas, simbólicas, restaurativas o de carácter espiritual, siempre atendiendo a la voluntad expresada por la persona afectada.
La propuesta será posteriormente evaluada por la comisión asesora de la Iglesia, integrada en el Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso. Si existe conformidad tanto por parte de la Iglesia como de la víctima, la resolución se considerará definitiva y se procederá a su ejecución. En caso de desacuerdo, el sistema prevé la convocatoria de una Comisión Mixta, en la que participarán también asociaciones de víctimas, con el objetivo de alcanzar una decisión consensuada. Si la falta de acuerdo persistiera, la resolución final corresponderá al Defensor del Pueblo, reforzando así el papel del Estado como árbitro último del proceso de reparación.
